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La causa del 9-N, pendiente de la petición de archivo

Este lunes declara la profesora de instituto que se negó a abrir el centro para la votación

El espectáculo en torno a la declaración de Artur Mas como imputado acabó. La causa judicial por el 9-N, por el contrario, sigue adelante. Tras nueve meses de relativa calma, en los que apenas se han practicado diligencias de investigación, el proceso llega a un momento crucial. Las decisiones que se adopten pueden ser decisivas para saber si la querella de la Fiscalía por desobediencia sigue adelante o se paraliza.

Los abogados de los imputados habían defendido que antes de practicar nuevas pruebas debía oírse la declaración de sus clientes como imputados. Cumplido el trámite, los letrados pedirán al juez, la próxima semana, que archive la causa por falta de indicios. Los argumentos de la defensa quedaron, en parte, recogidos en las declaraciones de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau: son responsables de sacar las urnas a la calle, sí, pero no culpables de un delito de desobediencia. Los tres coincidieron en señalar que, cuando el Tribunal Constitucional vetó la consulta (el 4 de noviembre), el Gobierno catalán dejó de impulsarla y el proceso quedó en manos de los voluntarios.

El juez dará traslado a las acusaciones para que se pronuncien sobre esa petición. Tanto la acusación pública (la Fiscalía) como la acusación popular (que ejerce el pseudosindicato ultra Manos Limpias) se opondrían a ella. Manos Limpias ha avanzado que, si se da carpetazo al asunto, recurrirá el archivo ante el Tribunal Supremo.

Este lunes declaran cinco personas como testigos del 9-N. Su declaración había sido prevista para unos días antes de las elecciones, pero tras un recurso de los abogados, el TSJC las aplazó. Los testigos han sido solicitados por la Fiscalía para arrojar luz sobre si el Gobierno impulsó la consulta después del 4 de noviembre (el periodo investigado por el TSJC, de hecho, se centra en el lapso de esos cinco días). La declaración más llamativa es la de Dolores Agenjo, la única directora de un instituto público (en l’Hospitalet de Llobregat) que se negó a ceder el centro como local de votación. Agenjo —que fue en la lista de Ciudadanos en las últimas elecciones— denunció presiones y amenazas por su decisión.

La estrategia de la Fiscalía pasa por demostrar que, entre el 4 y el 9-N, la Generalitat siguió impulsando el proceso y que en absoluto quedó en manos de “voluntarios”. Según la querella, la consulta fue “planificada, auspiciada y financiada” por el Gobierno catalán.

 

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