Las Cortes pactan por unanimidad exigir una mejor financiación

Las Cortes Valencianas han acordado esta tarde por unanimidad un "acuerdo histórico" para exigir  la reforma "inmediata" del sistema de financiación autonómica con efectos al 1 de enero de 2014 y una inversión del Estado equiparable al peso de la población de la Comunidad Valenciana. La propuesta ha logrado el aval del PSPV, Compromís, Podemos, el Partido Popular y Ciudadanos. En la resolución se pide al Estado el reconocimiento de una deuda histórica cifrada en 12.433 millones de euros entre los años 2002 y 2013 por la insuficiente financiación del sistema actual para atender los servicios básicos de educación, sanidad y bienestar social.

La mayoría de los portavoces han calificado el acuerdo de "histórico" o "pacto de Estado" porque es la primera vez que todos los partidos con representación en las Cortes Valencianas llegan a un pacto para realizar una reivindicación como la planteada. El PP, que ha lamentado que la izquierda no hubiese respaldado al anterior Gobierno de Alberto Fabra en la exigencia de una mejor financiación, ha justificado el apoyo por una cuestión de responsabilidad. "El PP demuestra estar a la altura de las circunstancias", ha indicado su portavoz, Isabel Bonig.

Carolina Punset, de Ciudadanos, ha optado, finalmente por no mantenerse al margen del problema de la financiación de la Comunidad Valenciana y ha apoyado el documento porque se trata de "una emergencia por resolver". Para los portavoces de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Podemos) la votación revela la existencia de un consenso básico, compartido por todos los partidos, para resolver el problema crónico de falta de financiación.

El acuerdo se ha producido tras un largo debate en el que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto un nuevo modelo de la financiación autonómica en España que garantice los fondos destinados a prestar servicios públicos fundamentales, consigne el dinero mínimo para atender otras competencias propias de las autonomías y deje en manos de los gobiernos regionales un tercer tramo para impulsar sus propias políticas. El modelo se debería completar con un fondo de desarrollo regional que impulse la convergencia entre territorios, un mecanismos de reequilibrio financiero que permita resolver la deuda por infrafinanciación de determinados territorios y la revisión de la contribución del País Vasco y Navarra a las arcas del Estado.

"No es una propuesta para que la Comunidad Valenciana mejore su financiación, es una propuesta para que que el modelo sea constitucional y trate a todos los ciudadanos con igualdad", ha dicho Puig, que ha recordado que los políticos valencianos nunca han "actuado unidos de verdad cuando se trataba de negociar con el Gobierno de España". Puig ha lamentado también que "la lealtad que siempre ha demostrado la Comunidad Valenciana con el resto de España ha sido mal entendida y nunca ha sido recíproca".

"Necesitamos, por un lado, conseguir un pacto sobre financiación lo más amplio, fuerte y estable en el conjunto de España", ha continuado, "y acabar con la invisibilidad para ser un actor en el escenario del Estado".

En las réplicas y contrarréplicas, Puig ha encontrado fuertes resistencias a su propuesta en las portavoces del PP, Isabel Bonig, y de Ciudadanos, Carolina Punset. Bonig, aunque ha admitido que por responsabilidad apoyará la propuesta, ha exhibido un tono áspero con el que ha responsabilizado a los socialistas de la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana y ha acusado al presidente socialista de lamentarse sin gobernar. "Si necesitan 30 años para cambiar el sistema productivo y si necesitan más dinero para prestar los servicios, yo les digo ¡vayánse! Los ciudadanos esperan más que lamentos. Si ni sabe, ni quiere, ni puede gobernar aquí está el PP", ha recalcado Bonig, quien no obstante se ha mostrado dispuesta a consensuar la resolución de las Cortes sobre financiación.

Más suave en el tono, la portavoz de Ciudadanos, Carolina Punset, ha responsabilizado a populares y socialistas de la mala situación de la Comunidad Valenciana. "Izquierda y derecha han repartido el dinero con criterios discutibles", ha afirmado Punset, "los ánimos de los valencianos no tendrían que soliviantarse contra Madrid, sino contra el PSOE y el PP". "Es la vieja política de los grandes partidos", ha remachado la portavoz de Ciudadanos, que ha demandado el fin de los privilegios de vascos y navarros.

Más conciliadores y con diferencias de matiz se han mostrado los portavoces de Compromís, Fran Ferri; de Podemos, Antonio Montiel, y del PSPV, Manuel Mata, quienes han afeado a Bonig que ofrezca lecciones después de la gestión realizada por el PP en los últimos 20 años.

Durante el turno de réplicas, el presidente de la Generalitat ha pedido a Punset el apoyo de Ciudadanos para lograr "un sistema de financiación que beneficie a todos", mientras que a Bonig le ha recriminado el tono mitinero utilizado para reformar su liderazgo en el seno del PP y le ha recordado que la promesa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que cambiará la financiación autonómica en la próxima legislatura es la misma que realizó en la campaña electoral de 2011. "Ustedes nunca han querido negociar, ni hablar",ha sentenciado Puig.

Finalmente, todos los grupos han llegado a un acuerdo para consensuar el texto aprobado que afirma: Los valencianos llevamos demasiado tiempo maltratados. No hay ninguna explicación razonable excepto la prolongación de viejas inercias históricas a las que se ha sumado una falt de presión reivindicativa por nuestra parte. (...) Afortunadamente, ahora todo puede cambiar porque existe una total coincidencia entre todas las fuerzas políticas y sociales para terminar con esta situación". "Hay que poner fin a la indiferencia con que nos ha tratado desde hace años el Gobierno central", recalca la propuesta que exige al Ejecutivo de Mariano Rajoy una reforma inmediata del sistema de financiación con efectos de 1 de enero de 2014 que garantice, al menos, la media de euros por habitante del conjunto de las autonomías; el reconocimiento de que ha existido una infrafinanciación de 12.433 millones y una inversión del Estado conforme al peso de la población valenciana.