La Cámara de Cuentas avisó en 14 ocasiones de la opacidad del Campus de la Justicia
El complejo, del que solo se ha construido un edificio sin uso, costó 105 millones Excepto en 2006, el Campus de la Justicia no rindió cuentas en plazo La Comunidad aportó 8,2 millones en 2012 a la sociedad, después de haber decidido su disolución un año antes
La Cámara de Cuentas advirtió “hasta en 14 ocasiones” de que la sociedad Campus de la Justicia, 100% pública y dependiente del Gobierno regional (PP), no rendía cuentas o lo hacía fuera de plazo, impidiendo el control del organismo fiscalizador. Los Ejecutivos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González derrocharon 105 millones de dinero público en el complejo, situado en Valdebebas, donde pretendían aglutinar las 19 sedes judiciales de Madrid.
Otra muestra del descontrol con que Campus de la Justicia de Madrid SA actuó durante sus nueve años de existencia, hasta su liquidación en febrero de este año, es que la Comunidad siguió aportando fondos a la sociedad —8,2 millones de euros en 2012— cuando ya planeaba su disolución desde un año antes. EL PAÍS adelantó en agosto pasado que, de los 130 millones inyectados, al cierre de la sociedad pública decidido en julio de 2014 quedaban tan solo 25 millones de patrimonio neto.
"Un solar por donde solo pasan los conejos"
PSOE, Podemos y Ciudadanos han coincidido en su denuncia del manejo de las cuentas del Campus de la Justicia. "La Comunidad siguió aportando fondos pese a que ya se había decidido su disolución", ha reprochado Mercedes Gallizo, portavoz del PSOE en la comisión sobre la deuda y la gestión autonómica. La representante socialista ha recalcado la condición de la Asamblea de Madrid, uno de los Parlamentos regionales más opacos de España según Transparencia Internacional. "El PP ha amparado con sus mayorías absolutas la opacidad con que ha trabajado la sociedad del Campus de la Justicia", ha aseverado Gallizo, que ha recordado que la oposición "ha pedido una montaña de papeles de información escrita las dos últimas legislaturas".
"Sabiendo que no se presentaban a las cuentas en regla o que no se presentaron cuatro años, la Cámara de Cuentas no ejerció las competencias para iniciar informes a iniciativa propia pese a las ilegalidades manifiestas... Da la sensación de que la Cámara ha mirado para otro lado", ha expresado Eduardo Gutiérrez (Podemos).
"El Gobierno regional se ha gastado 105 millones de euros en la sociedad Campus de la Justicia, un solar dónde actualmente sólo pasan los conejos, por eso exigimos al Gobierno que deje de tirar el dinero de los madrileños por la alcantarilla”, ha manifestado César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos. El número dos de Ignacio Aguado ha mostrado su sorpresa por la tardanza en disolver la sociedad: "¡Han tardado más de cinco años en liquidar esta sociedad!".
La presidenta de la comisión, Lorena Ruiz-Huerta (Podemos), ha lamentado que coincida con la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid y con la reunión semanal del Consejo de Gobierno. "Se trata de una coincidencia poco afortunada", ha subrayado.
El Gobierno de González acordó en julio de 2014 liquidar la empresa pública que iba a promover el campus (la extinción de la sociedad fue efectiva en febrero de 2015). En septiembre, González recuperó el proyecto, planteándolo como una concesión a 30 años por 1.752,5 millones. La actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, suspendió la adjudicación.
Excepto en su primer año de funcionamiento, el Campus de la Justicia no rindió cuentas en plazo, indicó ayer el presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, en la primera sesión de la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad. Al frente desde 2012 del organismo fiscalizador, Canalda reiteró “la falta de rendición” de las cuentas y “la imposibilidad” de fiscalizar los números de la sociedad pública. La intervención general de la Comunidad de Madrid también hizo cuatro requerimientos a la sociedad para que rindiera cuentas, la última en marzo de 2015.
Sin rendir cuentas
“La Cámara de Cuentas ha cumplido perfectamente con sus informes, hemos hecho más de lo que podíamos hacer”, aseveró Canalda, que compareció a petición del PSOE. Canalda reclamó “capacidad ejecutiva” para que “situaciones así no se vuelvan a repetir”. Aun así, no inició un informe de fiscalización de las cuentas del Campus de la Justicia pese a que sí tenía atribuciones para hacerlo, le recordó Eduardo Gutiérrez, portavoz de Podemos en la comisión parlamentaria. Su homólogo popular en la comisión, Juan Antonio Gómez-Angulo, propuso una reforma de la ley de la Cámara de Cuentas “para dotar” al organismo de “capacidad sancionadora”.
Miguel Ángel Fernández Calvo, el liquidador del Campus de la Justicia, centró su intervención, solicitada por Podemos, en los seis meses que duró el proceso de liquidación. “No tengo por qué saberlo”, afirmó en alusión al gasto de 105 millones. “Ni idea”, enfatizó Fernández Calvo, que calificó el trabajo realizado de “sumamente correcto”.
Una revisión de los informes de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad confirma la ausencia de explicaciones en la gestión del Campus de la Justicia. “Dicha sociedad no ha rendido sus cuentas a esta Cámara [de Cuentas]”, coinciden los informes de los ejercicios de 2010 y 2011. “Sus cuentas, como viene repitiéndose ejercicio tras ejercicio, no han sido rendidas a la Cámara de Cuentas”, recoge el informe de 2012. El oscurantismo continuó reflejado en el informe correspondiente a 2013, el último realizado. “No ha sido posible cotejar la información que figura en el balance de la Comunidad con la que se desprende de las cuentas del Campus de la Justicia de Madrid SA (…), que ha incumplido su obligación de rendir sus cuentas a la Cámara”.
El Instituto de Medicina Legal, que costó 19,3 millones y permanece cerrado, es el único de los 15 edificios futuristas y singulares —ideados y diseñados por arquitectos de renombre, como Norman Foster y Zaha Hadid— que se ha construido sobre la superficie de 200.000 metros cuadrados reservada para aglutinar a todas las sedes judiciales en el mismo entorno. La factura de la colocación de la primera piedra del complejo, en enero de 2007, en la que participó Aguirre, fue de 1,4 millones.
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