Fiscalía eleva la petición de cárcel para el expresidente de Terra Mítica

El Ministerio Público ha elevado a 8 años y 10 meses de prisión su petición de condena, por los delitos de estafa, contra la Hacienda pública y falsedad documental para el expresidente del consejo de administración de Terra Mítica Luis Esteban, para el que en principio reclamaba 7 años de cárcel.

Por contra, ha rebajado hasta los 8 años y 10 meses la pena solicitada para el ex director general del parque temático de Benidorm Miguel Navarro y a 8 años y 4 meses para el ex responsable de contratación Justo Valverde y para el ex director técnico del mismo Antonio Rincón, a los que anteriormente pedía 10 años de prisión por los mismos delitos.

Así lo concreta la fiscal en las conclusiones que ha expuesto hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por el supuesto fraude cometido mediante la emisión de facturas falsas y otros medios en la construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm y otras obras.

En su escrito, reduce asimismo de 4,4 a 2 los millones de euros supuestamente defraudados de este modo, y retira 6 de las 34 acusaciones mantenidas por estos hechos, por lo que ahora reclama condena para 28 personas.

Entre los procesados para los que defiende una mayor condena se encuentra el empresario Vicente Conesa, al que sitúa al frente de una "verdadera trama de facturación falsa" (26 años y 4 meses de prisión), y los también empresarios y supuestamente principales beneficiarios del fraude Antonio Moreno Carpio (48 años y 10 meses) y José Luis Rubio (43 años y 10 meses).

Del mismo modo, solicita 25 años y 10 meses para la mujer de Conesa, Matilde Ripoll, 28 años y 4 meses para el propietario de varias empresas Ginés Avilés e, incluso, 16 años y 10 meses para un procesado al que en 1999 hicieron administrador de una empresa que facturó 226 millones de pesetas al parque temático, aunque dice que no ejerció el cargo ni recibió dinero porque era "alcohólico" y vivía en la indigencia.

En la vista, las defensas de los procesados han reiterado su petición de libre absolución de sus clientes o, alternativamente, una pena con la atenuante de dilaciones indebidas y "cuasi-prescripción" de la responsabilidad penal, dado que, según han apuntado, los supuestos hechos delictivos se cometieron hace quince años.

Con la ayuda de un gráfico con el que ha tratado de desmadejar y resumir el entramado dedicado supuestamente a defraudar, la representante del Ministerio Fiscal ha defendido ante el tribunal de la Sección Quinta que "todos los hechos" que constan en esta acusación resultan probados, y que las pruebas así lo sustentan.

Ha sostenido que el empresario Vicente Conesa disfrutó de una "posición ventajosa" con los propietarios del parque Terra Mítica y la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), lo que le permitió obtener "gran cantidad obras" para sus empresas C3 y Depimsa, a las que "llamativamente" se les adjudicaba obras y encargaba que controlasen esa ejecución.

Concluye que, en el marco de las obras de construcción del parque Terra Mítica, que se inauguró en el año 2000, también contó con una posición ventajosa ante una serie de empresas que hicieron posible el fraude.

Esas mercantiles se situaban por debajo de C3 y Depimsa (de Conesa), en un segundo escalón (Red Moreno, Altos del Carrichal, Prexint Botanics, Traux, de Antonio Moreno, y Gribal y Desarrollo Gran Vía, de José Luis Rubio) y en un tercer escalón (Simetes de Partagás, Mecanizados Levante, Mecanizados Hermanos Muñoz, etc...).

De igual forma, considera probada la "connivencia, complicidad, confabulación o como queramos llamarlo" de estas empresas con los cuatro directivos del parque de Benidorm procesados, que "permitieron y consintieron el trato de favor a este empresario (Conesa)".

También toleraron, según ha dicho, facturación a mayor precio que en el mercado, sobrefacturación por obras que no se hicieron o se hicieron mal y no sólo por parte de contratas sino también por parte de las subcontratas realizadas, y, "pese a que había empresas contratadas para ello, Conesa terminó realizando trabajos y validando sus propias facturas".

Así, se desarrolló un "entramado de facturación ficticia que permitió la deducción de gastos inexistentes en impuesto sociedades o cuotas de IVA irreales para dar verosimilitud a facturas".

A su vez, "hubo pago de comisiones y concesión de ventajas y dádivas", así como elaboración de presupuestos, contratos, cartas y otros documentos "ad hoc" para justificar a Hacienda estas contrataciones.