El precio dejará de ser determinante en los contratos municipales

Durante los peores años de la crisis que atenazó al Ayuntamiento de Madrid y que llevó al Ministerio de Hacienda a rescatarlo no una, sino dos veces, y a intervenir sus cuentas, en los contratos que firmaba (por ejemplo, para comprar coches de policía o para construir escuelas infantiles) no primaba cuál era la mejor oferta para la ciudad y sus habitantes: ante dos o más ofertas, se elegía obligadamente la más barata.

Esa etapa se ha cerrado esta mañana con un decreto del gobierno municipal que lidera Manuela Carmena (Ahora Madrid): a partir de ahora, no será sólo el precio sino también otros criterios como la creación o mantenimiento del empleo o la defensa del medioambiente los que decidan qué empresa contrata el Ayuntamiento. Se evitará así, según el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, tener que elegir la oferta más barata aunque conlleve despidos (como sucedió, por ejemplo, con el contrato de limpieza viaria, que ha provocado la suciedad actual en las calles).

Sánchez Mato ha firmado esta mañana la modificación del decreto aprobado por la anterior alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular) el 26 de abril de 2012 para “la contención del gasto en el ámbito de la contratación del Ayuntamiento”. Recién llegada a la alcaldía (Alberto Ruiz-Gallardón le cedió el bastón en diciembre), Botella aprobó un plan de ajuste forzada por el desbocado endeudamiento municipal; en realidad, aquella decisión supuso colocar las cuentas del Ayuntamiento bajo la intervención del Ministerio de Hacienda, que debía aprobar cualquier decisión de gasto.

Una de las consecuencias de aquella intervención fue que, en la contratación pública, el precio más bajo se convirtió en determinante (suponía el 65% del peso a la hora de decidir) por encima de cualquier otro criterio. Eso, según recalca el actual gobierno municipal, llevaba en ocasiones a la destrucción de empleo y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores.

En el caso del contrato de limpieza viaria, por ejemplo, se adjudicó en 2013 con un ahorro para las arcas municipales del 23,7%. Apenas unas semanas después, las empresas adjudicatarias aprobaron un expediente de regulación de empleo para echar a la calle al 15% de su plantilla (1.134 trabajadores). Aquellos despidos se frenaron con una huelga, pero el acuerdo posterior sacó de las calles a cientos de barrenderos, lo que tanto empresas como Ayuntamiento coinciden en que es la causa fundamental del actual problema de suciedad en las calles madrileñas.

Nuevos requisitos en la contratación

El nuevo decreto firmado hoy es posible gracias a que la gestión económica de Botella permitió acabar con el plan de ajuste el año pasado, pese a que estaba previsto que estuviera en vigor hasta más allá de 2020. El Ayuntamiento deja así "sin efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando se utilice más de un criterio de valoración”, según ha señalado mediante un comunicado. “A partir de ahora, vamos a valorar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo; la inserción sociolaboral; políticas de género, medioambientales y de comercio justo; por encima del precio”, añade la nota municipal.

Estos criterios objetivos (que se definirán en cada pliego de condiciones y variarán en cada contrato) alcanzarán el 75% de la puntuación total. Además, “para luchar contra la corrupción”, esos criterios objetivos serán “valorables en cifras y porcentajes”.

La única excepción serán los contratos de prestaciones personales de carácter sanitario o social: “Tal y como reconoce la directiva europea sobre contratación pública 24/2014, para contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacer y, por ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad”, ha concluido el Ayuntamiento.