Fomento acusa a la Generalitat de romper el diálogo social

El alejamiento de la gran patronal catalana Fomento del Trabajo y el Gobierno de Artur Mas se consumó ayer, cuando la organización que preside Joaquim Gay de Montellà acusó a la Generalitat de “romper el diálogo social” tras dictar un decreto para revisar la representatividad institucional de las entidades empresariales. La escalada empezó antes de verano, cuando el Ejecutivo catalán despojó a Fepime, adscrita a Fomento, de la representatividad del 15% que le habían asignado los tribunales. Fomento aseguró que llevará a cabo a cabo “todas las acciones legales” necesarias para que la Generalitat deba recular.

La patronal Fomento de Trabajo y Fepime, presidida por María Helena de Felipe, han sido las organizaciones más críticas con el plan soberanista de Artur Mas. A comienzos de mes la patronal, que ha manifestado en multitud de ocasiones su rechazo a cualquier medida unilateral, expresó que las empresas viven con “tensión y máxima preocupación” las elecciones. A dos semanas de las elecciones, el Gobierno de Mas aprobó un decreto que que fija “la cuota de representatividad de las organizaciones empresariales”. Esta se calculará de acuerdo al número de afiliaciones de estas entidades, lo cual favorece a las asociaciones con afiliación directa y deja en desventaja a las confederaciones.

“Inseguridad jurídica”

La representatividad no es un tema menor, puesto que supone la cuota que tienen las organizaciones en los organismos en los que están presentes. Fuentes de la patronal aseguraron que la decisión favorece a Pimec, que hasta la sentencia judicial de 2011 era la única representante en las instituciones.

En un comunicado, Fomento aseguró que la normativa aprobada por la Generalitat es “inaplicable” y acusó al Ejecutivo de Mas de generar una “inseguridad jurídica grave” que “afecta negativamente a los derechos de representación de las organizaciones empresariales de Cataluña”. Fomento agregó que no hay precedentes de una norma “tan ambiciosa” que afecte a “derechos constitucionales y estatutarios” de las patronales que se haya adoptado sin “diálogo previo”.