Reus deja caducar el plazo para acusar a Batesteza, Pérez y Prat

Carles Pellicer (CDC) y su equipo en el Ayuntamiento de Reus han dejado caducar la acción procesal de que disponían para poder perseguir judicialmente a Jorge Batesteza, el arquitecto que se embolsó 387.000 euros a cuenta de Innova por unos trabajos que presuntamente jamás realizó, Lluís Miquel Pérez (PSC), el exalcalde que lo permitió, y Josep Prat, el exdirector general de Innova y antiguo presidente del Instituto Catalán de Salud (ICS). Ninguno de ellos podrá ser acusado formalmente por el ayuntamiento de Reus, principal perjudicado por el fraude. La letrada del consistorio no ha presentado su escrito a tiempo.

Una providencia del Juzgado instructor número 3 de Reus deja fuera del trámite acusatorio al ayuntamiento y, a la vez, carga duramente contra su falta de diligencia en este asunto. El juez critica la dejadez mostrada por el Ayuntamiento atendiendo a que "se debe suponer que es el más interesado en que se repare el presunto daño causado". De igual modo, el instructor aprecia "mala fe procesal" en el proceder del consistorio. En concreto, la providencia recoge el cambio de abogados que ha llevado a cabo el ayuntamiento de Reus. Maria Saló, abogada del despacho del mediático Cristóbal Martell, ha relevado al penalista Juan Córdoba, quien en su día defendiera a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana.

El juez recoge que el cambio de letrados se produjo el último día de julio, 41 días antes de que caducase el plazo para presentar el escrito de acusación. Sin embargo, sigue la providencia, no es hasta el 1 de septiembre cuando la nueva letrada se puso por vez primera en contacto con el juzgado para pedir que se suspendiera el plazo para calificar alegando que no había podido tener acceso a los 5.000 folios que conforman el expediente. El juez no toma en consideración tal petición y apunta que el ayuntamiento dejó transcurrir el tiempo sin que ninguna causa justificara la suspensión del plazo que tenía para presentar los escritos. Más aún cuando la CUP y Ara Reus, los dos grupos municipales personados en la causa en condición de acusación popular, sí que han presentado la documentación en la que piden penas de hasta 30 años de cárcel para Batesteza, el exalcalde Lluís Miquel Pérez y Josep Prat, el exdirector general de Innova y antiguo presidente del Instituto Catalán de Salud (ICS).

El juez manifiesta en la resolución que, como principal perjudicado que es por los hechos, el Ayuntamiento no puede quedar expulsado del proceso. Sin embargo, no podrá actuar con personalidad propia y tendrá que adherirse a las tesis que mantengan la Fiscalía o las acusaciones que sí han actuado a tiempo.

Jorge Batesteza, antiguo gerente de infraestructuras del CatSalut, fue el arquitecto al que se encargó supervisar el proyecto del Hospital Sant Joan de Reus sin que, presuntamente, se respetasen las exigencias legales de contratación de obra pública. Los contratos entre el arquitecto e Innova, empresa municipal de Reus, fueron adjudicados "con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido". Posteriormente, según el juez, el arquitecto no hizo los trabajos contratados con Innova en los términos que recogían los contratos ni consta que hubiera estado en el Hospital Sant Joan de Reus todas las veces que facturó gastos de desplazamiento. Además de estar contratado por Innova para supervisar las obras del hospital, el arquitecto habría firmado un contrato de arrendamiento de servicios con la empresa Euroconsulting como responsable de proyectos. Con lo cual, Batesteza estuvo prestando servicios de asesoría técnica simultáneamente en el seguimiento y control de la obra del nuevo hospital. Según el juez, esta "esquizofrenia contractual" le permitió cobrar 186.000 euros mientras se supervisaba "a sí mismo".