Más empleo pero más precario
Reducir cifras ya no es suficiente: la sociedad exige que el trabajo creado sea de calidad
El actual Gobierno autonómico tiene en las cifras de ocupación una de sus mejores bazas para afrontar las elecciones del 27-S: desde que CiU renovara el poder en 2012, se han creado en Cataluña más de 170.000 puestos de trabajo y el número de parados ha caído en cerca de 200.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Los sindicatos, sin embargo, advierten que a la lucha contra el desempleo se suma ahora una nueva amenaza que parece volverse crónica: la precariedad.
La Seguridad Social lleva dos años ganando afiliados en vez de perderlos y la tasa de paro se ha reducido en más de cuatro puntos porcentuales hasta situarse en el 19,23%. Pero muchos catalanes han tenido que acostumbrarse a la dinámica de entrar y salir de las listas del paro constantemente al depender de trabajos por días o meses, y cada vez son más los que se conforman con una jornada parcial al no encontrar una a tiempo completo.
La contratación temporal ha escalado del 86,5% en 2012 al 88,3% en lo que va del año. Los nuevos empleos nacen con fecha de caducidad: el 35% de los contratos duran menos de un mes. Esta condiciones han arraigado incluso en el sector público, sobre todo, en áreas tan esenciales como la educación o la sanidad.
Uno de cada tres catalanes aún considera al desempleo el problema más importante, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado jueves. Todavía hay más de medio millón de parados inscritos en el Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) y cuatro de cada 10 ya agotaron su derecho a percibir una prestación o subsidio, según sus estadísticas. La EPA eleva el número de catalanes sin trabajo a 726.000 y recuerda que cerca de la mitad busca uno desde hace más de dos años.
Recortes en el SOC
Mientras tanto, el SOC, al que demandan ayuda cientos de miles de parados, ha adelgazado su plantilla: perdió el 31% de sus trabajadores desde 2010. En parte, debido a los recortes estatales y a las restricciones a la contratación de personal. Pero también a las limitaciones extras que aplicó la Generalitat y a su política de externalizaciones.
El SOC solo cuenta con 1.342 empleados para asistir a 506.306 personas. Según un estudio elaborado por el profesor de la Universidad de Barcelona Joan Antoni Alujas, la entidad solo cubrió el 29,5% de las ofertas de trabajo que pasaron por sus oficinas en 2014 y es uno de los servicios autonómicos de empleo menos eficaces de España.
La privatización de funciones propias del SOC ha sido el mayor reproche de los sindicatos al Departamento de Empresa durante esta legislatura. Temen que la institución acabe relegada a una ventanilla que derive a los usuarios al Servicio Estatal de Empleo para que cobren sus prestaciones. Para los agentes sociales, la estocada final se consumó con la aprobación de la Ley del SOC este año, que abrió las puertas a las agencias de colocación privadas.
Propuestas de las candidaturas al 27-S
Junts pel Sí:
Pero mientras la plantilla de la entidad se reducía, los encargos aumentaban. Como el programa que presentará este mes bajo el nombre de Mayores Activos para paliar el paro entre quienes superen los 45 años. O el de Garantía Juvenil, que entró en marcha a finales de 2014 para combatir el desempleo entre los menores de 30. Cataluña fue la primera comunidad autónoma que desplegó este plan de directrices europeas y una de las que abogó por que se ampliara el rango de edad, ya que en un principio solo podían beneficiarse los menores de 25. La iniciativa ya ha conseguido trabajo a cerca de 1.800 personas, aunque la tasa de paro de este colectivo todavía supera el 30%.
Al igual que hace tres años, el desempleo continúa siendo uno de los principales retos para el nuevo Gobierno que salga del 27-S. La diferencia es que reducir cifras ya no es suficiente: la sociedad pide que el empleo que se cree sea de calidad y que las salidas del paro no solo se concentren entre los que acaban de apuntarse en sus listas, sino que también alcancen a las más de 300.000 personas que llevan más de dos años en ellas.
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