La oposición denuncia la “ineficacia” de Colau con los manteros

Los cinco grupos municipales de CiU, Ciutadans, ERC, PSC y PP en el Ayuntamiento de Barcelona han reprobado hoy la gestión del ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau de la crisis de los manteros este verano. En una comisión extraordinaria de seguridad forzada por CiU, toda la oposición salvo la CUP ha votado una proposición que denuncia la "inacción" del gobierno municipal "en la defensa del espacio público, la convivencia y la seguridad para abordar el fenómeno de la venta ambulante ilegal, así como la permisividad hacia esta actividad y la confusión generada en el seno del cuerpo de la Guardia Urbana". El texto aprobado también declara "pleno apoyo" a la policía municipal, muestra su apoyo al comercio de proximidad y pide la constitución de un grupo de trabajo que elabore de forma urgente un plan para abordar el fenómeno.

Los partidos han reprochado a Colau, como máxima responsable de la Guardia Urbana, que no haya asistido a la comisión. Sí lo ha hecho el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, que ha hablado un minuto. Quien se ha explicado en nombre del Gobierno ha sido el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. Visiblemente molesto, ha tachado de "cínico y demagógico" que los grupos cuestionen la gestión de un fenómeno que "no resolvieron en cuatro años" y les ha acusado de tener "un enfoque clasista y racista".

Ante la insistencia de los grupos de la necesidad de actuar con firmeza y de hacer cumplir la ordenanza de civismo a los vendedores, Pisarello ha respondido "que también hay ordenanzas que obligan a facilitar derechos sociales". El gobierno de Colau defiende que el del top manta es un problema complejo que requiere abordarlo desde el punto de vista de la seguridad, pero también social, laboral o de la situación legal de sus protagonistas. En este sentido y ante las acusaciones de los grupos, ha recordado que varias áreas del Gobierno ya llevan semanas abordando la cuestión.

Con esta comisión ha sucedido como con los plenos celebrados hasta ahora: el mandato de Colau ha comenzado con sesiones extraordinarias forzadas por la oposición cuando todavía no se han celebrado ni comisiones ni plenos ordinarios: el primero está previsto para el 2 de octubre.

Salvo la CUP, que por boca del regidor Josep Garganté ha denunciado la "doble moral" de los grupos municipales por defender a los refugiados y "estigmatizar y criminalizar la pobreza", el resto de partidos han criticado la actuación del gobierno local.

Joaquim Forn, de CiU, ha tachado de "pésima" la actuación del ejecutivo por, a su juicio, "la falta de directrices" y voluntad para hacer cumplir la ordenanza de civismo. Desde Ciutadans, Carina Mejías ha exigido "respuestas claras en cumplimiento del código penal y en materia social" y ha acusado a Colau de "relajar la presión policial". También el PP, por voz de Angels Estellés, ha apostado por hacer cumplir la ley.

Por parte de ERC, Jordi Coronas ha invitado al gobierno a abandonar el "activismo y gobernar" y ha apostado por una respuesta social al problema. La concejal del PSC Montserrat Ballarín también ha apostado por aplicar la ordenanza de 2006 en un fenómeno "que no se puede reducir a la porra ni al buenismo".

El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha hablado apenas un minuto para recordar con titulares de prensa "que el problema de la venta ambulante no es atribuible a un Gobierno que tiene tres meses de vida". El debate político sobre la cuestión ha quedado aplazado la comisión ordinaria que se celebrará la semana del 21 de septiembre.