Tiritas contra la pobreza

El 20,9% de los catalanes se encuentra en riesgo de pobreza. Esta cifra, de julio, es 1.4 puntos mayor que la de 2011, según el Instituto Catalán de Estadística (Idescat). El índice alcanza la magnitud del 28,8% cuando se analiza la población menor de 16 años. El organismo también revela como en un año el número de los llamados pobres energéticos ha crecido un 77%. Los ciudadanos que afirman no poder tener su casa a una temperatura adecuada ya son el 9,5% de la población (683.000 personas).

La lista de cifras que perfilan los efectos de la crisis en Cataluña no acaba aquí. Sigue, por ejemplo, con los menores con necesidades alimentarias. Un total de 79.635 niños recibieron una beca comedor el curso pasado, un número que superó en un 16% las previsiones iniciales. Se trata del 11,8% de los menores en la estapa escolar obligatoria. Y según CCOO, un 11% de los trabajadores es pobre pese a tener un salario.

El Gobierno encabezado por Artur Mas ha asegurado por activa y por pasiva que el bienestar de las personas y la lucha contra la pobreza es una de sus prioridades. Sin ignorar los fuertes recortes acometidos por el Gobierno central (el Estado, por ejemplo, ha dejado de dar dinero para 11 de los 16 programas que debería confinanciar), la gestión de la Generalitat es vista por las entidades sociales como una mera tirita ante la desangrante realidad de la pobreza. No es que no se hayan puesto recursos, sino que las soluciones presentadas, según las entidades, son más de corte paliativo que reformas estructurales.

“Durante estos últimos tres años, el Gobierno ha ido resolviendo las emergencias pero ha quedado demostrado que el sistema falla y ya no sirve”, sintetiza Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector, que reúne a 6.000 entidades. “Las políticas sociales que se realizan hoy en día están orientadas a paliar cada una de las pobrezas identificadas de manera reactiva y parcial, obviando que las diversas manifestaciones son señales de una problemática más profunda”, agrega Teresa Crespo, presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

La presión social llevó al Parlament a realizar en marzo del año pasado un pleno monográfico sobre la pobreza y la exclusión social. Las entidades criticaron que la cita terminó convertida en un intercambio de reproches entre partidos políticos. Las propuestas aprobadas en el debate, según la Generalitat, ya se ha cumplido en un 69%. Una de las más destacadas es un plan contra la pobreza, con 165 actuaciones, trasversal porque incumbe a todos los departamentos del Gobierno y con una dotación de 1.066 millones de euros. De estos, 58 millones correspondían a la puesta en marcha de la tarjeta integrada de transporte. La Generalitat también se vio obligada a crear un nuevo mecanismo para ayudar a los pobres energéticos, después de que el Gobierno central recurriera un primer decreto que solo benefició a 900 personas.

La situación de malnutrición en muchas escuelas obligó a desplegar un operativo especial para el verano, aplaudido por las entidades, para poder asegurar que los niños más vulnerables no perdieran una fuente de alimentos importante, que se les ofrece en casales o en los centros abiertos.

Nunca se conoció un borrador de la reforma de la Renta Mínima de Inserción, la última ayuda para las personas que ya no tienen ningún ingreso. Se trataba, aseguran las entidades, de una de las reformas estructurales de más envergadura y que la Generalitat esquivó. Además, muchos receptores siguen a la espera de cobrar los atrasos que el mismo Gobierno convergente generó en 2011, cuando reformó sin avisar el programa. Sin no existieran transferencias sociales como la renta mínima —incluyendo pensiones— las tasa de pobreza se dispararía hasta el 46,4%.