El ruinoso negocio del aeropuerto sin aviones

Castellón dejará de tener un aeropuerto sin aviones el próximo martes, cuando aterrice el primer vuelo de Ryanair procedente de Londres. La imagen del Boeing 737-800 aterrizando en las pistas de Vilanova d'Alcolea debería poner fin a una larga pesadilla de sobrecostes, pleitos judiciales y críticas provocadas por el sueño que tuvieron en su día el expresidente valenciano Francisco Camps y el expresidente de la Diputación Carlos Fabra, ambos del PP. Sin embargo, no será así.

La Unión Europea ha abierto una investigación para determinar si la forma en la que el último Gobierno popular, presidido por Alberto Fabra, quiso pasar página y dejar atrás el aeropuerto sin aviones cumple o no con la legalidad. Una pesquisa que se ha convertido en un nuevo problema para el actual Gobierno autonómico de coalición (PSPV y Compromís) y que empañará el inicio de las operaciones del aeropuerto.

La Comisión Europea considera que la concesión realizada por Aerocas, la firma pública creada por la Generalitat y la Diputación de Castellón para impulsar el aeropuerto, al grupo canadiense SNC-Lavalin podría constituir una ayuda estatal ilegal. Tres palabras sinónimo de desastre porque esos tres vocablos fueron los que acabaron en un dictamen que obliga al Gobierno valenciano a vender los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz en Alicante. Una infraestructura en la que se han gastado alrededor de 275 millones y que ahora está inmersa en un proceso de subasta por 94 millones, que el actual presidente socialista, Ximo Puig, intenta reconducir.

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, que formó parte del Gobierno que realizó la adjudicación del aeropuerto asegura que la concesión fue correcta y se pregunta por qué se investiga Castellón y no otras instalaciones como la de Ciudad Real. La respuesta, según fuentes comunitarias, está en el contrato firmado el 27 de mayo de 2014 por el que se le concedió la gestión del aeropuerto de Castellón a Lavalin.

Por un lado, Aerocas presentó la concesión como el acuerdo con un operador privado a la vez que defendía simultáneamente que la explotación del aeropuerto era un servicio de interés general. El resultado fue un contrato ruinoso, mediante el cual la Administración valenciana se comprometió a pagar 24,5 millones de euros en un plazo de nueve años, de los cuales ya ha pagado 6,7 y renunciaba a tener cualquier tipo de ingresos por parte del grupo canadiense hasta que no se alcanzase un tráfico anual de 1,2 millones de pasajeros. Una previsión que la propia Lavalin no ve posible hasta el año 2029. Es decir, de los 20 años de concesión, el Gobierno valenciano solo tendrá algún retorno en los últimos cinco, siempre y cuando se alcance un alto volumen de pasajeros.

La cuenta de la vieja, a tenor de los vuelos anunciados por Ryanair y la capacidad de los mismos, permite deducir que, para alcanzar la cifra de 1,2 millones de pasajeros, será necesario que Lavalin (que gestiona otros 15 aeropuertos, fundamentalmente en Francia) duplique el número de conexiones y de compañías durante varios años consecutivos para lograr que las instalaciones de Vilanova d'Alcolea puedan generar algún retorno a la Generalitat por la inversión realizada.

La investigación de Bruselas también es vista con temor por parte de la industria turística de Castellón que, desde hace más de una década, suspira porque el aeropuerto sirva para atraer vuelos de bajo coste y vuelos charter a una costa que registró un boom urbanístico durante años y que confía en romper con la estacionalidad del sector.