Esta vez va en serio

Los ciudadanos que acudieron a las urnas el 9-N sabían que con su voto no estaban decidiendo nada y que, saliese lo que saliese de aquel “acto participativo”, poca cosa iba a cambiar en sus vidas al día siguiente o en las semanas por venir. Algo muy distinto de lo que ocurrirá el próximo 27-S. Esta vez la cosa va en serio.

Solo Junts pel Sí y la CUP consideran que lo que tendrá lugar ese domingo será un plebiscito disfrazado de elecciones autonómicas. Las otras cinco candidaturas que se presentan con posibilidades de obtener diputados no lo ven así, y, por tanto, no leerán los resultados en esa clave. Más claramente: son los cientos de miles de catalanes que votarán a esos partidos quienes no aceptarán que se haya refrendado nada ese día, y no digamos si las papeletas que representan el supuesto “sí” no llegan al 50% de los votos. Ahí, amigos, vamos a tener un problema de verdad.

Ahora bien, que el 27-S no se decida el sí o el no a la independencia no quiere decir que estemos ante unas elecciones cualquiera. Esta vez los resultados pueden tener unas consecuencias que vayan mucho más allá de decidir el color político del Govern para los próximos cuatro años. Si las fuerzas independentistas suman 68 escaños o más y cumplen lo que tienen pactado, se abrirá un conflicto político sin precedentes en las décadas transcurridas desde el final de la dictadura.

Se disfrace como se quiera, la ejecución de la “hoja de ruta” sería un ataque directo al orden constitucional, y eso no hay Estado en el mundo que lo pueda aceptar. Quienes han diseñado el plan lo explican siempre de forma que parecen dar por sentado que el Estado permanecerá poco menos que cruzado de brazos durante meses viendo cómo se ponen las bases de su futura destrucción. Se esperan algunas dificultades, por supuesto, pero nada que no sea superable mediante la voluntad de la nación en marcha, sobre todo si se mantiene unida. Luego vendría la “desconexión” sin coste alguno y la llegada a Ítaca sin mayor contratiempo.

Las cosas, a nadie con dos dedos de frente se le escapa, van a ser un pelín más complicadas, y estos días ya estamos teniendo algún ejemplo de ello. La electoralista reforma-exprés de la ley orgánica del Tribunal Constitucional promete grandes emociones futuras, y las contundentes declaraciones de Angela Merkel, por mucho que la vicepresidenta Neus Munté haya intentado patéticamente darles la vuelta, dejan claras las complicidades internacionales que una declaración unilateral de independencia puede esperar.

Mejor no llamarse a engaño. Dos importantes intelectuales nada sospechosos de españolismo como son Josep Fontana y Jordi Borja han recordado recientemente que la independencia de un país solo puede alcanzarse por dos vías: mediante un proceso pactado con el Estado o mediante una acción insurreccional. La primera, de momento, parece cerrada. Así las cosas, quienes el 27-S coloquen en la urna la supuesta “papeleta del sí” ¿son conscientes del precio que tocará pagar si de verdad se pone en marcha el plan que avalarán con su voto?

La “desconexión” indolora y festiva no se va a producir, y quienes nos la venden lo saben perfectamente. Si la hoja de ruta no es un farol, vamos a transitar un camino que, con los jugadores actuales, solo puede desembocar en una situación que se resuelva por la fuerza; de la ley y los tribunales en el mejor de los casos; con violencia en el peor. Y llegada esa situación, como muy sensatamente señaló Josep Fontana en una reciente entrevista en TV3, no parece que sea “Cataluña” (léase, los independentistas catalanes) quien disponga de las mejores bazas.

Alguien podría pensar que ahí está la clave; que los dirigentes de Junts pel Sí no pueden ignorar que eso es lo que va a pasar, y que, por tanto, si nos llevan a todos hacia ese pozo es porque están jugando al “cuanto peor, mejor”: mostremos el rostro más desalmado y represivo del Estado español, porque puede que esta vez no ganemos, pero lo tendremos mejor para el partido de vuelta. Todo sea dicho, en cómo hemos llegado hasta aquí, las responsabilidades están repartidas; desde hace tiempo, el gobierno español y su partido comparten esa estrategia: ¿qué mejor baza para su campaña electoral de otoño que un Parlament en franca rebeldía?

Francisco Morente es profesor de Historia Contemporánea en la UAB.