Los pisos turísticos ilegales evitarán las multas si pasan a alquiler social

El Ayuntamiento de Barcelona pretende convertir los pisos turísticos ilegales en viviendas sociales. Se trata de una prueba piloto que se estrenará en el distrito de Ciutat Vella —uno de los más masificados por el turismo— y que propone condonar parte de la multa (80%) a los propietarios de viviendas turísticas que operen sin licencia si los ceden a la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de Vivienda de Barcelona para destinarlos a alquiler social.

La propuesta se enmarca dentro de las medidas anunciadas esta mañana por el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y la regidora del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, para reducir el impacto negativo del turismo en la ciudad, y concretamente en este distrito del centro.

La multa por alquilar pisos sin licencia —contemplada en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007— puede oscilar entre los 9.000 y los 90.000 euros. El consistorio propone a través de esta prueba piloto condonar el 80% de la sanción si los propietarios ceden la vivienda, por un mínimo de tres años, para el uso social. Los pisos se destinarán a ampliar el parque de vivienda social, pensado para familias que se encuentren en situación de emergencia.

Según avanzó la regidora Gala Pin, actualmente Ciutat Vella cuenta con 330 casos expedientados, aunque se están ivestigando hasta 800. La sanción fijada en estos casos es de 15.000 euros "por la proporcionalidad de la infracción cometida y porque muchos jueces son proclives a sanciones más bajas cuando las horquillas son tan amplias, en este caso entre los 9.000 y los 90.000 euros", explican desde el Ayuntamiento. El 20% restante (unos 3.000 euros) se tendrá que pagar en efectivo o podrá ser subsanado a través del alquiler social.

El alquiler social, que se adecuará según la situación de cada familia, revertirá en el Ayuntamiento. La propuesta se mantendrá hasta finales de año, cuando volverá a ser revisada y si funciona, podrá extenderse al resto de la ciudad.

El consistorio también anunció que requerirá a las plataformas intermediaras —como Airbnb y Booking que concentran el 80% de la oferta— que faciliten las direcciones y nombres de los propietarios de pisos ofertados en sus portales web, en los casos en los que el anuncio no se acompañe del preceptivo número de registro de la Generalitat que garantiza su legalidad.

Las sanciones comenzarán a apicarse en septiembre

El Gobierno de Ada Colau asegura que se multará a las plataformas que no colaboren con el Ayuntamiento, sancionándolas por cada uno de los pisos que anuncien en su portal web. Un requerimiento que se contempla en la Ley de Turismo de Cataluña aprobada en 2002 y que obliga a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a proporcionar a los inspectores de turismo estos datos. La concejal denunció que estas plataformas intermediarias pueden llegar a embolsarse hasta un 15% de la operación “sin aportar nada la turismo de Barcelona”.

Esta semana se han empezado a enviar las notificaciones, tanto a los propietarios individuales como a las grandes plataformas de internet, para solicitar su colaboración. Tendrán un plazo de quince días para responder. A partir del uno de septiembre, comenzarán a aplicarse las sanciones.

Ciutat Vella, que sufre una media de 250 desahucios al mes, es uno de los distritos con mayor masificación de turismo en Barcelona . Solo el verano pasado se detectaron 368 viviendas destinadas al uso turístico sin licencia y en un año se han precintado una veintena de apartamentos. Según Pisarello, el objetivo de estas medidas es evitar una posible burbuja especulativa en el marco del turismo.