Una directora denuncia presiones para ceder su instituto el 9-N

Dolores Agenjo es la única directora de instituto que se negó a ceder su centro —el IES Pedraforca, en L’Hospitalet— como lugar de votación para el 9-N. En las semanas previas al referéndum, los responsables de Enseñanza pidieron colaboración a los directores, lo que motivó un cruce de correos electrónicos en el que intervinieron, también, inspectores de educación. Agenjo recopiló algunos de ellos, los puso a disposición de la Fiscalía y se ofreció a colaborar con la justicia para denunciar que, a su juicio, ella y otros directores sufrieron “presiones” para entregar las llaves de los institutos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que investiga al presidente Artur Mas por desobediencia en la organización del referéndum, citó a Agenjo a declarar para este jueves. Las defensas de Mas y de los otros dos investigados por el mismo delito —la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau— pidieron un aplazamiento para analizar los correos aportados por Agenjo. El TSJC acordó la suspensión, pero la directora hizo declaraciones a los medios.

Agenjo aseguró que se sintió “presionada” por los responsables de la Generalitat para ceder el IES Pedraforca como centro de votación en el referéndum. Según su testimonio, la directora territorial de Enseñanza en Barcelona y comarcas, Montse Llobet, le conminó el 7 de noviembre —dos días antes de la consulta— a que entregara las llaves con el argumento de que el edificio era propiedad de la Generalitat. Agenjo le pidió que le diera la orden por escrito, a lo que Llobet se negó.

Por su negativa a ceder el instituto público, Agenjo aseguró que ha recibido “felicitaciones”, pero también “amenazas con nombres y apellidos” de personas que no conoce. Sin embargo, ha preferido no denunciarlas. En uno de los correos que escribió, Agenjo advirtió a sus compañeros de que la Delegación del Gobierno había pedido a Rigau que “anule todas las instrucciones dadas a los directores de instituto”. También les alertaba de que podían cometer una ilegalidad porque “todas las actividades preparatorias y la consulta misma han sido suspendidas y eso es público y notorio, y nosotros funcionarios que dependen del Estado [...] ¿Por qué no quieren dar ellos la cara y descargan en nosotros una responsabilidad que no nos toca”, acaba la misiva.

El TSJC sí recogió este jueves el relato de otros dos testigos. Josepa Bosch, directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona, explicó que un inspector de Enseñanza le advirtió de que no debía permitir el uso del centro si no recibía instrucciones concretas y por escrito de la Generalitat. Solo de esa forma evitaría una eventual “responsabilidad” legal. El inspector jefe de Enseñanza, Francesc Güell, admitió por su parte que asistió a dos reuniones convocadas por la directora territorial de Barcelona para informar a los institutos sobre el papel que iban a desempeñar durante la consulta alternativa. Las reuniones preparatorias se celebraron los días 16 y 22 de octubre.