Mas-Colell advierte a Montoro de que no recortará otros 1.500 millones

El Gobierno catalán ha decidido plantarse ante el objetivo de déficit del 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) fijado para las comunidades autónomas en 2016. El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha estimado que eso supondría otro recorte de 1.500 millones de euros. "No lo haremos. No reduciremos más gasto", ha afirmado Mas-Colell. La Generalitat también está molesta por cómo se ha planteado el reparto de los recursos procedentes de la liquidación del ejercicio 2014, puesto que no es dinero extra, sino que la mayor parte de esa cantidad proviene de diferencia que el Estado debe devolver a Cataluña por haber "subestimado" los anticipos para ese año.

La financiación de las comunidades funciona a base de anticipos de los ingresos tributarios para un ejercicio. Es decir, el Estado hace una previsión de la recaudación y va ingresando esa cantidad en doce mensualidades. Cuando se liquidan los presupuestos, en junio del año siguiente, se comprueba si los ingresos fueron inferiores o superiores: si fueron inferiores, las comunidades devuelven dinero; si fueron superiores, el Estado lo abona. De los 1.900 millones más que recibirá Cataluña el año que viene, dos tercios, 1.200 millones, provienen de ese cálculo de las liquidaciones y 700 millones de las previsiones de recaudación para el año que viene. Mas-Colell se ha quejado de la fórmula de los anticipos, puesto que de haber cobrado ese dinero el año en curso el déficit de la Generalitat hubiera sido 0,7 puntos inferior.

El otro motivo de enojo de Mas-Colell es el reparto de los objetivos de déficit, que quedaron fijados en el 0,3% del PIB a pesar del informe de la Autoridad Fiscal Independiente, que pidió una rebaja más paulatina. Desde 2011, la Generalitat ha recortado el Presupuesto en un 20%, que supusieron un tijeretazo en las áreas de Salud, Educación y Servicios Sociales. Si se tiene en cuenta el último año del tripartito, el recorte ha sido de 7.715 millones de euros en un lustro. El consejero opina que otro recorte de 1.500 millones es inaplicable. "El Gobierno insiste en imponernos un objetivo de déficit que desde el primer día sabe que para el conjunto de las comunidades autónomas no es realizable, de modo que el coste reputacional es para las comunidades", ha denunciado.