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Bloqueo total a la reforma de la RGI que impulsa Maroto

El Parlamento no tramitará la Iniciativa Legislativa Popular de la asociación Ayudas más Justas al oponerse PNV, EH Bildu y PSE

Maroto en una comparecencia para dar explicaciones sobre los locales de San Antonio
Maroto en una comparecencia para dar explicaciones sobre los locales de San Antonio

Todos los grupos del Parlamento vasco se lo dijeron al PP por activa y por pasiva hasta las elecciones municipales y forales del pasado mayo, y ahora se lo han demostrado con hechos. Si la campaña para endurecer los requisitos de acceso a las ayudas sociales le ha costado a Javier Maroto del PP, la alcaldía de Vitoria, al unir a toda la oposición, dos tercios de los ciudadanos de la capital vasca, en su contra, esta mañana han sido los grupos del Parlamento vasco los que han anunciado que van a impedir que la Iniciativa Legislativa Popular que impulsó el exalcalde del PP con 37.000 firmas, sea tramitada en la Cámara. El Gobierno mostró su criterio desfavorable a la reforma y hoy el PNV, EH Bildu y el PSE han ratificado que se van a oponer a su tramitación.

La ILP, registrada en el Parlamento a finales de noviembre por la Plataforma Ayudas+Justas con el apoyo expreso del parlamentario del PP y entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, plantea que los inmigrantes irregulares no puedan percibir esta prestación. Puede ser el final de una polémica que comenzó en julio del año pasado, cuando Maroto aseguró que se estaban produciendo abusos en el cobro de esta prestación y acusó al colectivo de inmigrantes magrebíes de vivir de estas ayudas y de no querer trabajar.

Para el Ejecutivo vasco la ILP "dejaría fuera del sistema de protección al eslabón más débil de la cadena". El Ejecutivo de Iñigo Urkullu considera que cualquier cambio ha de ser para mejorar las condiciones del colectivo más desfavorecido y no para estigmatizarlo ni dejarlo en peores condiciones. "Las reformas han de orientarse a garantizar a las personas que peor lo están pasando, unos recursos mínimos para poder llevar una vida digna y evitar situaciones de exclusión social", sostienen fuentes del Ejecutivo.

Esto es una

tomadura

de pelo"

En opinión de Maroto, sin embargo, este criterio es "una tomadura de pelo" porque supone "tirar a la papelera más de 37.000 firmas de ciudadanos que han dicho que hay un sistema de ayudas que les preocupa y debe mejorarse". "Nuestra propuesta no pretende hacer recortes, solo pretende eliminar el fraude y el abuso", ha añadido en una nota el dirigente popular, quien ha criticado que "el resto de partidos políticos se nieguen a hablar" de esta prestación. 

El portavoz del PSE, José Antonio Pastor ha denunciado que el origen de la iniciativa popular "está en el falso debate de trasfondo xenófobo impulsado por Maroto". En este sentido, Pastor ha rechazado que la RGI "tenga como problema el fraude y sobre todo que esas trampas se liguen a personas por razón de su origen, por ser un planteamiento claramente racista". La parlamentaria del PNV Amaia Arregi ha expresado su respeto a las firmas ciudadanas , pero ha dejado claro que "no estamos de acuerdo con que sea el momento de endurecer las medidas para el acceso", ha expuesto hoy la representante del PNV, quien no obstante no ha cerrado las puertas a incrementar los controles para atajar el fraude.

Eva Blanco (EH Bildu) ha criticado que esta ILP pretende "recortar" la RGI y ha denunciado que "se trata de una proposición de ley impulsada, organizada y materializada de forma fraudulenta por el PP", que ha tratado de "criminalizar a las personas inmigrantes pensando que la xenofobia le daría votos". Según ha argumentado, la ley señala que la ILP debe tener "un carácter espontáneo y nacer de forma natural de la propia ciudadanía", pero en este caso -ha dicho- "el impulso político del PP ha sido evidente". E