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Los Sumarroca usaron 7 sociedades para pagar 1,43 millones a Masagué

En el marco del caso Torredembarra, también ha sido arrestado el exalcalde de la ciudad

Agentes de la Guardia Civil en la sede de Teyco. Foto: Juan Barbosa

La Guardia Civil detuvo ayer a tres miembros de la familia Sumarroca, accionista de las constructoras Teyco y Comsa-Emte, por el pago de 1,43 millones de euros a Daniel Masagué, exalcalde de CiU de Torredembarra (Tarragonès). La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga si los pagos, hechos a través de siete sociedades controladas por los Sumarroca, corresponden a comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública. Fuentes de Teyco lo niegan y aseguran que Masagué les debe el dinero: “Eran fondos para negocios conjuntos que no salieron y que él nunca devolvió”, aseguran.

Los Sumarroca han mantenido estrechos lazos con Convergència desde 1978, cuando el patriarca de la familia —Carles Sumarroca Coixet— fundó el partido con el expresidente Jordi Pujol. Con importantes negocios en la obra pública y el sector sanitario, la familia ha sido históricamente acusada de recibir un trato de favor desde las Administraciones gobernadas por CiU. Una idea que los Sumarroca rechazan: “Es un sambenito que, al contrario, nos ha perjudicado”, declaró hace pocos días uno de ellos a este diario. “Solo hay que ver que nuestras adjudicaciones públicas son menores de lo que nos correspondería por cuota de mercado”, aseguró.

Los cinco detenidos ayer son, además de Masagué, Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco e hijo del fundador de CDC; su prima Susanna; el padre de esta, Joaquim Sumarroca, y Marià Júdez, socio de la familia.

Dos fiscales anticorrupción, Fernando Bermejo y José Grinda, tutelaron la Operación Petrum, que persigue delitos contra la Administración pública, blanqueo y organización criminal. La redada arrancó a las ocho de mañana con la detención de Jordi Sumarroca y se desarrolló con los demás arrestos y ocho registros en los docimicilios y la sede central del grupo constructor, situada en la calle del Císter de Barcelona. Los investigadores también requirieron información a dos entidades bancarias. Los cinco detenidos han pasado la noche en el calabozo —los registros continuaban de madrugada— y está previsto que hoy empiecen a pasar a disposición judicial.

Los investigadores indagan el importante flujo de dinero desde el grupo Teyco a las dos empresas de Masagué —la panadería Maes Flequers i Pastissers y la inmobiliaria Daloi— registrado entre diciembre de 2011 y agosto de 2013.

Tras la detención del entonces alcalde, en junio de 2014, los investigadores hallaron cuatro transferencias de dinero —todas ordenadas en diciembre de 2011— a Daloi y Maes por un total de 581.000 euros procedentes de filiales de Teyco: Teycotel BCN, Teycotel Cap Roig, Teycotel Gestió d’Hotels y Castellbell Residencial. En el último año, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil han descubierto nuevos pagos desde otras tres sociedades de los Sumarroca —Revi, Star Law y Trebaxtron—, según ha podido saber EL PAÍS.

Revi envió 300.000 euros en dos transferencias ordenadas en junio y julio de 2012. El 100% de las acciones de Revi pertenecen al grupo Teyco y su administrador era Joaquim Sumarroca. Star Law, administrada por Jordi Sumarroca, remitió 340.000 euros en cinco transferencias entre octubre de 2012 y julio de 2013. El último pago a Maes, de 210.000 euros, se produjo en agosto de 2013 desde Trebaxtron, controlada por Júdez. En total, los nuevos abonos a Daniel Masagué hallados por los investigadores ascienden a 850.000 euros, lo que eleva a 1,43 millones el dinero percibido por el político de CiU.

Las investigaciones revelan que las transferencias desde Teyco constituían una parte importante del negocio de Maes. En 2012, por ejemplo, la panadería facturó 672.000 euros. De ellos, 420.000 (el 62,5%) procedían de Teyco.

Los investigadores sospechan que estos pagos podrían corresponder a comisiones ilegales por obra pública, ya que por ahora “no se ha encontrado ningún soporte documental” de servicios o contratos entre Masagué y el grupo Teyco. Los investigadores también buscan aclarar las obras por las que Teyco pagó esta suma de dinero al alcalde de CiU, ya que el proyecto situado en el centro de las pesquisas en un primer momento —un aparcamiento que costó cerca de tres millones tras un importante desvío presupuestario— no justificaría por sí solo las cuantías abonadas. La Fiscalía Anticorrupción sigue también el rastro del dinero para aclarar adónde fue a parar.

Teyco hizo público ayer un comunicado en el que niega el pago de comisiones ilegales. “Todas las relaciones comerciales con el exalcalde se realizaron en el ámbito profesional privado, de forma transparente, legal y documentada, y sin ninguna vinculación con la actividad de Massagué como alcalde”, recoge el comunicado. Fuentes de la familia Sumarroca aseguran que “Teyco y Masagué acordaron gestionar conjuntamente restaurantes situados en hoteles y el dinero iba destinado a su equipamiento”. “El negocio no salió adelante y ahora es Masagué el que nos debe el dinero”, aseguran estas fuentes.

Teyco, además del aparcamiento Filadors, también ha realizado importantes trabajos para Sorea, adjudicataria de un contrato de 15 millones de euros en obras en la red de aguas de Torredembarra. Los investigadores miran ahora si estas subcontrataciones pudieran tener alguna relación con los pagos a Masagué.

 El caso Torredembarra estalló el 26 de junio de 2014 con la detención de Masagué, además de seis ediles y un empresario local, Blas Niubó. La Guardia Civil también registró entonces Teyco e imputó a Jordi Sumarroca. Las investigaciones del caso, repartidas en piezas separadas, arrancaron tras denuncias del PSC y ERC sobre adjudicaciones a dedo en el Consistorio y el pago de alquileres a precios desorbitados.

Un extrabajador del horno de pan de Masagué, Rachid El Ghzaoui, aseguró que una persona de confianza del alcalde realizaba ingresos en efectivo en tres entidades bancarias. Según su relato, desde 2010 vio muchos “billetes de 500 euros” que estaban en “sobres blancos de 20.000 o 30.000 euros”.

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