CDC acepta en el programa electoral medidas sociales que rechazó antes
El Gobierno de Mas ha aplicado profundos recortes y ha evitado reformular la renta mínima
Raül Romeva, cabeza de lista de Junts pel Sí, la candidatura independentista impulsada por Convergència (CDC) y Esquerra (ERC), anunció este lunes que el proceso secesionista que proyectan irá acompañado de un ambicioso paquete de medidas sociales. “Las necesidades sociales inmediatas, diarias, urgentes que en este momento tenemos en nuestro entorno son la razón fundamental por la que hacemos todo lo que estamos haciendo”, aseguró el candidato. El que fue eurodiputado ecosocialista citó una larga lista de prioridades inmediatas que, sin embargo, contrastan con la actuación de CDC en el Parlament, donde en los últimos años se opuso a muchas de ellas.
En su intervención, Romeva enumeró una docena de urgencias sociales en áreas como vivienda, pobreza energética, guarderías, pobreza infantil o la renta garantizada de ciudadanía. Sobre algunas de estas cuestiones, CDC y ERC incluso han protagonizado desencuentros.
La candidatura secesionista de Artur Mas se verá obligada en la campaña a conjugar en el discurso visiones anteriormente contrapuestas sobre el Estado de bienestar. Además de los recortes en la financiación de servicios de dependencia por parte del Estado, por ejemplo, el actual Ejecutivo liderado por Artur Mas ha realizado grandes reajustes, como la paralización temporal de la Renta Mínima de Inserción en 2011, alegando un fraude extendido entre sus perceptores.
Vivienda y pobreza energética.
Romeva pidió que la atención sea “urgente” para los colectivos más vulnerables. Ahora se está tramitando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca que busca, por ejemplo, el alquiler forzoso o amparo de los pobres energéticos de hasta tres años de duración. De momento, CDC ha dado un sí provisional para agilizar el trámite, aunque la iniciativa ha quedado relegada al último pleno de la legislatura. La formación siempre ha sido reticente a la ILP al estimar que su coste es de 800 millones. La iniciativa prevé el alquiler forzoso de pisos vacíos para atender a desahuciados. La ley de Vivienda del tripartito ya contemplaba esta posibilidad. CiU derogó los artículos de los alquileres forzosos al llegar al Gobierno en 2011.
Guarderías públicas
Junts pel Sí, dijo su cabeza de lista, buscará una “provisión de plazas de guarderías públicas y concertadas a precios públicos”. El Departamento de Enseñanza redujo su aportación al pago de las plazas en 2011 hasta hacerlo desaparecer y centrifugó hacia las diputaciones catalanas el coste. Las familias y los Ayuntamientos tuvieron que asumir la diferencia.
Pobreza infantil
La semana pasada, la Fedaia —una plataforma que agrupa a entidades de protección a la infancia— criticaba el despliegue de la ley de la infancia aprobada por el Parlament. La alimentación, uno de los problemas más acuciantes,ha sido reforzada por la Generalitat este verano con un presupuesto especial. CiU y ERC, sin embargo, votaron juntos en contra de una moción de Iniciativa, en febrero pasado, que buscaba regularlas como derecho y no como prestación. Ambas formaciones alegaron que se estaba trabajando en un decreto que regulara esta ayuda.
Renta garantizada
Romeva aseguró que se haría “una reforma de la renta mínima de inserción (RMI) hacia un modelo de renta garantizada de ciudadanía”. CiU nunca presentó un proyecto para reformar la RMI después del gran recorte de 2011. Se trata de una petición constante de entidades que trabajan con la exclusión social. La distancia de posiciones entre ERC, PSC y CDC en las negociaciones de la ILP sobre la renta garantizada hizo que no se debatiera en el pleno de esta semana. Los promotores acusan a CDC de querer hacer “un PIRMI mejorado”, es decir, la antigua renta mínima mejorada.
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