Colau revisará el plan de Trias que restringe los clubes de cannabis

El Gobierno municipal de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, revisará el plan especial urbanístico que restringe la normativa de los clubes de cannabis y estudiará "a fondo las alegaciones". El plan, que supondría el cierre del 80% de los 120 clubes existentes fue aprobado inicialmente por el exalcalde, Xavier Trias, la víspera del inicio de la campaña electoral de pasado mes de mayo. El texto, que las asociaciones cannábicas interpretaron como una declaración de guerra, se encuentra en periodo de exposición pública, un plazo a punto de finalizar. El Ayuntamiento ha prolongado un mes este periodo de alegaciones.

El objetivo de la prórroga es revisar el plan y "dar margen de tiempo para garantizar mejor el debate y diálogo con las asociaciones y clubes", en palabras de la cuarta teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Janet Sanz. La idea es analizar detalladamente las alegaciones de las asociaciones, con quien el ejecutivo municipal ya ha mantenido varias reuniones, explican las dos federaciones que agrupan a las entidades, Fedcac y CatFAC.

Entre otras cuestiones, el Plan especial urbanístico para la ordenación territorial de los clubes y asociaciones de consumidores de cannabis en la ciudad de Barcelona prevé que no pueda haber locales de consumo de cannabis a menos de 150 metros de equipamientos o espacios públicos o privados donde sea frecuente la presencia de menores. Desde una escuela o polideportivo hasta la consulta de un pediatra o una tienda de chuches. Una distancia que, cuando se conoció, las entidades juzgaron que "no responde a ningún criterio razonable más allá del moralista".

El entonces primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, argumentó que el plan especial buscaba "proteger a la infancia y que los clubes no supongan más fumadores potenciales". El plan también contempla un plazo de 18 meses después del cual las asociaciones que no cumplan, queden fuera de ordenación. Una retroactividad que las entidades también criticaron duramente.

Las entidades aplauden ahora la prórroga del plazo de alegaciones y dan por hecho que habrá cambios. La portavoz y coordinadora de la FedCac, Gabriela Sierra, recuerda que la nueva normativa se aprobó inicialmente justo cuando el sector estaba dialogando con el propio Ayuntamiento (áreas de salud y juventud) y los partidos políticos. "Trias rompió el pacto de no hacer electoralismo en el tema de las drogas y menospreció el trabajo hecho", lamenta. Sierra celebra "que Barcelona en Comú crea en las políticas participativas y trabaje conjuntamente para elaborar un estudio de la situación" del sector.

La portavoz explica que las entidades han presentado alegaciones por múltiples motivos. Como la retroactividad: "Sería el primer plan urbanístico con carácter retroactivo, lo que supone una pérdida de seguridad jurídica al cerrar asociaciones que lo tienen todo en regla y no causan problemas". "El único objetivo del plan es el cierre masivo, porque los argumentos no están justificados. Reconocemos que hay descontrol en el centro de la ciudad, pero las leyes no se hacen para una minoría, lo que hay que hacer es pedagogía", añade.

Desde CatFac, su responsable de comunicación, Eric Asensio, señala la actitud "de escuchar" del gobierno de Colau y se muestra esperanzado que "replantee" el texto. Asensio también confía en que se admitan las solicitudes de licencia de asociaciones que llevan preparándose tiempo para adaptarse a la actual norma.

El plan especial se deriva de las recomendaciones que aprobaron Salud Pública y el Parlamento Catalán y que dejaban en manos de los consistorios su traslación a la realidad de cada ciudad. La aprobación inicial del plan urbanístico también comportaba prolongar un año más la moratoria para la apertura de clubes cannábicos que aprobó el Ayuntamiento, y que en teoría finalizaba el pasado. Entonces, la Guardia Urbana había inspeccionado 186 clubes y cerró 63.

En mayo pasado, las entidades emitieron un comunicado conjunto en el que lamentaron la norma "con el único objetivo de cerrar asociaciones cannábicas, sin tener en cuenta los derechos de las personas usuarias, la inseguridad jurídica que sufren y el aumento del mercado negro que ello supondría". Afirmaban que de cumplirse, la administración empujaría a los fumadores "hacia el mercado negro e ilegal y a quedar en manos de organizaciones criminales" además de que "el mercado quedaría en manos de un monopolio difícil de controlar".