La policía denuncia un vertido de agua contaminante en Aznalcóllar

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía ha denunciado un vertido al río Agrio de agua "altamente contaminada" procedente de la mina sevillana de Aznalcóllar. Así se detalla en el informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que investiga las presentas irregularidades en el concurso de adjudicación del yacimiento a la alianza Minorbis-Grupo México. El Agrio desemboca en el Guadiamar, que a su vez pertenece al área de influencia del espacio protegido de Doñana. Fernández ha deducido testimonio y ha mandado el informe a reparto a Sanlúcar la Mayor. Por su parte, el Gobierno andaluz descarta que se haya producido dicho derrame.

El documento de la UDEF es el acta de la inspección ocular realizada el pasado 9 de julio en la mina, en cumplimiento del auto dictado por dicho juzgado el 3 de julio. Según los agentes, que rara vez participan en este tipo de inspecciones, identificaron que un vertido tóxico procedente del yacimiento acababa en este arroyo. En la visita a la mina, en la que se tomaron muestras de tierra y agua, también estuvieron miembros de la Policía Científica, el Seprona, el Instituto Nacional de Toxicología y dos operarios designados por la Junta. La UDEF remitió la documentación a la magistrada "por si pudiera ser constitutivo de un delito contra el medioambiente".

Ante este atestado, Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y subsidiariamente, contra la empresa concesionaria de la explotación minera. "El río Guadiamar se sigue mineralizando con conocimiento absoluto de la Junta, que es responsable de la depuradora y no ha hecho nada para evitar estos vertidos", asegura el responsable de Minas del colectivo, Antonio Ramos. Esta nueva denuncia se produce en plena tormenta judicial por la adjudicación del yacimiento, abandonado tras el desastre medioambiental ocurrido en 1998. Asimismo, en 2010 y 2011, el río Agrio ya vivió diferentes episodios de contaminación que fueron investigados por los juzgados de Sanlúcar la Mayor, sin que trascendiesen resultados, apunta Europa Press.

A través de un comunicado, la Junta de Andalucía descarta que se haya podido producir un vertido tóxico al río y para ello argumenta que cuando las aguas de contacto y las remanentes de la balsa siniestrada superan la cota de seguridad establecida "se desvían a la planta depuradora para su tratamiento antes del vertido". Según la Junta, tras el desastre de 1998 la cota de seguridad se puso a nivel del mar pero, en 2014, se elevó hasta los 20 metros. Todo ello a raíz de los informes del Instituto Geológico y Minero de España. "En estos momentos la corta está muy alejada de este nivel (2), por lo que no ha sido necesario depurar agua" desde ese año, precisa la Junta. En este punto, discrepan los ecologistas, quienes aseguran que la cota es cero y que, en estos momentos, está a 20.

Con estos argumentos, la Junta señala las razones por las que no ha sido necesario depurar agua desde 2014, ni prevé que se haga antes de la reapertura de la mina, paralizada por el Gobierno andaluz por la investigación judicial. Y es que, en su informe, la UDEF también denuncia que no funcionara el sistema de tratamiento."También se observó que la depuradora encargada de limpiar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, así como las aguas de escorrentía y lixiviado de todo el complejo minero, se encuentra en estado de semiabandono", según el atestado. A ello, suman los agentes, las declaraciones de los operarios que aseguran que la depuradora lleva sin funcionar desde el 2013, por lo que "todas las aguas que se recogen en esas balsas, se bombean o recirculan a la corta de Aznalcóllar". 

"Entendemos que esto puede estar produciendo una elevación del nivel del agua contaminada en la corta de Aznalcóllar que implica una contaminación directa al acuífero Niebla-Posadas, considerado por el Plan Hidrológico del Guadalquivir como estratégico para el abastecimiento humano. Esto podría ser además constitutivo de un delito añadido contra la salud pública del artículo 365 del Código Penal", señala Ramos, quien asegura que la Junta es "conocedora" de esta situación y aún así "no actúa", por lo que entiende que podría estar incurriendo en un posible delito ecológico. Ramos también ha señalado que el lunes ampliarán la denuncia a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo responsable de los cauces, pues se ha constatando que "hay un vertido a un cauce público, como es el río Agrio, y no hacen nada".