20 años de cárcel para un guardia civil que mató a su mujer

El cabo de la Guardia Civil Raúl Romero Peña, de 35 años, ha sido condenado por la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid a 20 años de prisión por el asesinato de su mujer, Sonia Esteban Mesa, de 31 años. El magistrado le impone, además, que no pueda comunicarse ni estar a menos de 1.000 metros de su hija durante 30 años, además de indemnizarla con 400.000 euros. La pequeña tenía 20 meses cuando se produjo el crimen y no se ha probado que viera como su padre mataba a su madre, según el fallo.

Los hechos ocurrieron sobre las diez de la mañana del 10 de marzo de 2013, en el domicilio familiar, en la calle de Juan Herrera de Aranjuez. La mujer había acabado su jornada como auxiliar de enfermería del hospital del Tajo y se echó a dormir. A esa hora su marido utilizó su arma reglamentaria (una Beretta 92FS). Se la puso en la sien derecha y disparó. La mujer no falleció en el acto. Vivió hasta las 12.15.

El jurado apreció la agravante de alevosía, ya que la víctima estaba tumbada sobre su lado izquierdo y dormida. Por tanto, no tuvo oportunidad de defenderse. El crimen se produjo después de que Sonia Esteban le dijera a su marido que quería separarse e iniciar una nueva vida cada uno por su lado, según la sentencia. Contra esta cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El fallo también considera probado que el asesino tardó unos 20 minutos en avisar al teléfono de emergencias 112. En ese tiempo, le dio tiempo a lavarse las manos, a sacar el cargador de la pistola, a ponerla el seguro y a situarla en el lado opuesto de la cama donde dormía su esposa. Los análisis de los especialistas de Policía Científica destacaron que la mano derecha de la víctima no tenía restos de pólvora por lo que se descarta el suicidio. Esto es lo que alegó el guardia civil cuando llamó a los servicios de emergencia. “El pijama de la mujer no contaba con residuos de disparo, por lo que sería imposible el suicidio”, añade la sentencia.

El magistrado ha impuesto la pena máxima (20 años), que era la solicitada por el fiscal y las acusaciones particulares. El guardia civil ha sido exculpado del delito de omisión de socorro —resulta incompatible con el de asesinato— y de las agravantes de prevalerse de su condición de empleado público y patente desprecio por el sexo de la víctima.