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Hoja de ruta para recuperar Canal 9

El Gobierno valenciano prepara la puesta en marcha de las emisiones de radio y televisión pública

Imagen del Centre de Producció de Canal 9 en Burjassot.
Imagen del Centre de Producció de Canal 9 en Burjassot.

¿Una televisión del siglo XX o una plataforma pública de comunicación que incluya una televisión del siglo XXI? Este es el dilema que tiene planteado el Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig y que está sustentado parlamentariamente por el PSPV, Compromís y Podemos. 

Un dilema que el nuevo Gobierno de la Generalitat ha decidido abordar cuanto antes. Para ello, el Ejecutivo ha adoptado en los últimos días diferentes medidas.Por un lado, los socios parlamentarios han nombrado tres nuevos liquidadores en Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana para conocer en qué punto se halla el proceso de disolución de la sociedad. Por otro, han presentado una propuesta de reforma del reglamento de las Cortes para crear, antes de fin de mes, una nueva comisión de "Ràdio Televisió Valenciana i espai audiovisual valencià". Esta comisión parlamentaria, que estará previsiblemente presidirá Podemos, será la que impulsará la propuesta de nuevo modelo audiovisual con el objetivo de lograr el mayor respaldo social y político posible.

Los movimientos se completan con el nombramiento, por parte del propio Puig, del profesor de Derecho Constitucional y experto en comunicación José María Vidal como comisionado de Presidencia de la Generalitat para RTVV. Vidal será el encargado de proponer la manera más rápida de recuperar la señal pública de radio y televisión. Un derecho al que el PP renunció con la ley de disolución de Canal 9.

Sin embargo, la recuperación de las emisiones es un camino plagado de dificultades, con multitud de intereses cruzados y una maraña de pleitos pendientes de resolución. Especialmente desde que el PP (y su presidente Alberto Fabra) decidieron cerrar Canal 9 en noviembre de 2013 tras una sentencia que anulaba el primer expediente de regulación de empleo y obligaba a la Generalitat a readmitir a los trabajadores afectados. La decisión de los populares dejó tras el fundido a negro de Canal 9 una deuda de 1.200 millones de euros, pleitos en los tribunales de índole laboral (pero también relacionados con la corrupción y el acoso sexual) y 1.608 trabajadores despedidos (los últimos con fecha del pasado 30 de junio).

A partir de esta situación, ¿qué posibilidades hay de recuperar la televisión pública?. Las opciones son diversas pero, según los diferentes actores implicados, la hoja de ruta podría ser la siguiente:

Protesta de trabajadores de RTVV.
Protesta de trabajadores de RTVV.

Primero, presentar una iniciativa parlamentaria (que bien podría ser un decreto ley) para derogar el artículo dos de la ley aprobada por los populares que impide a la Generalitat prestar servicios de radiodifusión y televisión.

La medida permitiría recuperar un emisión "simbólica" o "en pruebas" con motivo del 9 d´Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, bien a través del canal GVA de la propia Generalitat o, si los medios técnicos lo permiten y existe resquicio legal que no comprometa el futuro de las sociedades en liquidación, mediante la difusión de programas enlatados y la señal institucional a través de la red de repetidores que sigue operativa.

A partir de este punto, los partidos que sustentan al Consell trabajan sobre dos escenarios posibles, pero divergentes. Una opción sería dejar atrás la vieja arquitectura de RTVV, cerrar el proceso de liquidación de las sociedades y plantear la creación de una nueva corporación que también gestionaría un canal público de televisión, pero que tendría unos fines mucho más amplios y cuya actividad, por tanto, no se podría considerar heredera de la que tenía el viejo ente. La segunda opción, que también está plagada de incertezas, pasaría por reactivar RTVV para aprovechar sus activos (inmuebles, derechos de emisión, etc) y buscar la fórmula para recuperar solo una pequeña parte de los extrabajadores sin tener que afrontar nuevas indemnizaciones económicas imposibles de costear.

En este caso, el PSPV-PSOE estaría abocado a aliviar la presión jurídica sobre el proceso de liquidación de RTVV. ¿Cómo? Retirando el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana. Un recurso presentado por los diputados socialistas, con Ximo Puig a la cabeza, en cuyo asesoramiento y redacción participó el nuevo comisionado para RTVV que es quien mejor conoce la arquitectura legal de todo el proceso.

Puig ha nombrado un comisionado para RTVV y el PSPV, Compromís y Podemos han activado la creación de una comisión parlamentaria

¿Qué consecuencias tendría esta decisión? La retirada del recurso de anticonstitucionalidad permitiría desbloquear el pleito sobre la legalidad del segundo, y por ahora definitivo, expediente de regulación de empleo, recurrido por el sindicato minoritario CGT y todavía pendiente de resolución. Una demanda que la Audiencia Nacional tiene aparcada a la espera de que el Constitucional resuelva el pleito presentado por el PSPV-PSOE.

Fuentes conocedoras del proceso señalan que, en este caso, existe la posibilidad de que la Audiencia Nacional considerase los despidos improcedentes, pero no ilegales, con lo que las consecuencias económicas quedarían limitadas, ya que la práctica totalidad de trabajadores ha cobrado la indemnización máxima por despido y no se pagarían salarios de tramitación.

El cuarto y último escalón de este escenario sería la liquidación de RTVV SA y la reactivación de RTVV SAU, la segunda de las sociedades creadas que no arrastraba deudas, pero adaptada a la nueva realidad audiovisual.

En estos escenarios, el Consell y las Cortes deberán tener en cuenta también la situación patrimonial de la extinta Canal 9, con un centro de producción en Burjassot que tiene un nivel de protección que impide dotar el inmueble para cualquier uso y el enrevesado contrato de alquiler de la delegación de Alicante, que no se puede rescindir sin perder la costosa inversión realizada en el edificio.

Por si fuera poco, si no se reactiva Canal 9 antes de fin de año, la empresa pública en disolución perderá los derechos de emisión de un centenar de películas, 40 telemovies y cerca de 100 horas de teleseries. Con todos estos ingredientes, más las reivindicaciones de los extrabajadores, del sector audiovisual valenciano, de las empresas y de los profesionales de la comunicación, el Consell tendrá que decidir en otoño que estrategia pone en marcha para cumplir una de las principales promesas electorales de los firmantes del Acord del Botànic.