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Suspendido el comisionado de la Transición Nacional de Cataluña

El TC admite a trámite el recurso del Gobierno, que incluía el plan de las Estructuras de Estado y de las Infraestructuras Estratégicas

Carles Viver Pi-Sunyer ocupa el cargo de comisionado para la Transición Nacional.
Carles Viver Pi-Sunyer ocupa el cargo de comisionado para la Transición Nacional. EFE

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra el comisionado para la Transición Nacional,organismo encargado de preparar las llamadas "estructuras de Estado"  con las que la Generalitat quiere allanar el camino hacia la independencia de Cataluña. Con esta decisión, el decreto por el que se creó el comisionado queda automáticamente suspendido por un plazo máximo de cinco meses, hasta que no haya un pronunciamiento definitivo.  

El cargo de comisionado para la Transición Nacional, creado en febrero, lo ocupa el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer. La labor que se le encomendó es la de coordinar todos los departamentos en la preparación de las "estructuras de Estado" para que estén listas de cara a las elecciones del 27 de septiembre, a las que el presidente catalán, Artur Mas, quiere dar carácter de plebiscito por la independencia.

El Consejo de Ministros había impugnado el pasado 26 de junio el decreto con el que el Gobierno catalán había creado en febrero el Comisionado para la Transición Nacional. El Ejecutivo central proseguía de esta forma con su estrategia de impugnar ante el Alto Tribunal todas las decisiones de la Generalitat que vancen en el plan soberanista. Primero fueron las propias estructuras de Estado, incluidas en la ley de Medidas Fiscales y que preveían organismos como una agencia tributaria propia.

El Tribunal Constitucional, que también ha admitido a trámite el recurso contra el plan para la preparación de Estructuras de Estado y el plan de Infraestructuras Estratégicas, da traslado de su decisión a la Generalitat, que dispondrá ahora de 20 días para presentar alegaciones.

Asimismo, también se ha admitido a trámite el recurso contra varios preceptos del decreto de la Generalitat por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.

En sendos comunicados, el Constitucional informa de esta decisión y aclara que la admisión a trámite "no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso" y recuerda que dispone de cinco meses de plazo para ratificar o levantar la suspensión de las decisiones de la Generalitat recurridas por el Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando anunció la presentación del recurso a finales de junio, explicó que el conflicto se planteaba una vez que la Generalitat había ignorado el requerimiento que se le hizo el pasado mes de abril para que diera marcha atrás en el nombramiento de Carles Viver Pi-Sunyer como comisionado para la Transición Nacional.

Sáenz de Santamaría ya avanzó entonces que, en virtud del carácter automático de la suspensión temporal solicitada por el Gobierno, el comisionado no podía desplegar ninguna de sus actuaciones. "Es como si no existiera", dijo.

Tras la presentación del recurso, la vicepresidenta y portavoz catalana, Neus Munté, acusó al Ejecutivo central de protagonizar un “auténtico asedio democrático” contra Cataluña, y anunció que la Generalitat no rectificará su plan de crear estructuras de Estado. “No daremos ni un paso atrás. A cada obstáculo encontraremos una solución”, dijo Munté. Y añadió: “¿Si Viver Pi-Sunyer seguirá en su cargo? No va a haber ningún cambio y no vamos a dar marcha atrás en las tareas que tiene encargadas este comisionado”.

Por otro lado, aunque también en relación con Cataluña, pero en esta ocasión en sentido contrario, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso de la Generalitat contra diversos artículos de la ley de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Ahora trasladará la demanda al Congreso, el Senado y el Gobierno, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y presentar alegaciones.