La Generalitat se gasta 864.565 euros para alojar a 40 familias desahuciadas

La Generalitat aplicó este lunes por primera vez el decreto ley de medidas urgentes en vivienda al ejercer del derecho de compra preferente sobre 40 pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias que Bankia iba a vender en las próximas semanas. De estos, 18 estaban ocupados, según la entidad, de forma ilegal. El Ejecutivo catalán, que dispone de ocho millones para estas adquisiciones, se ha gastado en esta primera tanda 864.565 euros. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad informó de que las viviendas tienen un precio medio de entre 22.500 y 25.000 euros y están en Salt (Gironès) y el área de Barcelona.

El decreto ley da a la Generalitat el derecho de tanteo y retracto —compra preferente— de viviendas que las entidades financieras o el banco malo vayan a vender a un tercero y que procedan de ejecuciones hipotecarias. Los dos requisitos son que estas casas se hallen en las 72 localidades en las que se ha detectado que hay más demanda de vivienda social y que los precios estén por debajo de mercado. La medida tiene tres fines: evitar la especulación con casas que provienen de ejecuciones, impedir que familias que perdieron la propiedad del piso y pasaron a ser inquilinos mediante una dación en pago puedan ser expulsados de su hogar y aumentar el parque de vivienda social de la Generalitat. Para ello, las entidades financieras tienen desde este año la obligación de comunicar a la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AVC) todas las operaciones que vayan a realizar con esos pisos.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige Santi Vila, recibió por parte de la banca una relación de 2.150 pisos que estaban en proceso de venta. La Generalitat firmó el lunes con el responsable territorial de Bankia, Joaquim Saurina, el primer convenio para hacerse con un paquete de 40 viviendas. De estas, 26 están en Salt, el primer municipio que acordó con el Gobierno de Artur Mas la aplicación de esta medida. El resto están en la región metropolitana de Barcelona: L’Hospitalet de Llobregat (seis), Badalona (cuatro), Terrassa (dos) y uno en Mataró y otro en Rubí.

El precio del piso más caro adquirido por la Generalitat, ubicado en Terrassa, es de 33.000 euros, mientras que el más barato, en Salt, cuesta 17.500 euros. Esos valores contrastan con lo que se pagaba durante el boom, pero también se explica porque muchos de estos pisos iban a ser adquiridos por sociedades o inversores que se hacían con varias propiedades tras conseguir un buen descuento, según fuentes de la Administración. De hecho, el 72% de los que iban a comprar las 2.150 viviendas que llegaron a la Generalitat eran empresas, mientras que el resto eran particulares.

Al recibir ese listado, además, el Ejecutivo catalán vio que el 36% de las viviendas que se estaban vendiendo tenían dentro un inquilino. En muchos casos, se trataba de gente que había perdido su casa y se había quedado en esta tras una dación en pago, por lo que el Ejecutivo catalán quería evitar que fueran desahuciados.

18 pisos ocupados

Del paquete de 40 casas adquiridos ayer, 18 estaban ocupados. A pesar de que Santi Vila afirmó que se trataba de inquilinos, fuentes de Bankia aseguraron que los pisos estaban ocupados ilegalmente. En cualquier caso, sus residentes ahora pasarán a pagar un alquiler social a la Generalitat.

Vila aseguró que el propósito del Ejecutivo catalán pasa por adquirir 1.420 viviendas entre 2015 y 2016 y anunció que este mismo mes se firmará otro convenio por el que la Administración se hará con otro paquete de 40 casas. En Cataluña se produjeron en 2014 un total de 14.230 ejecuciones hipotecarias. La mayoría de estas (12.878) correspondían a viviendas usadas, y solo 1.352 de las casas eran de nueva construcción.