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Siete familias resisten en un bloque del ‘banco malo’ en La Bordeta

En el edificio, ocupado por la PAH, viven cuatro menores y dos jubilados

Eli y su hija viven en el único bloque ocupado por la PAH en Barcelona.
Eli y su hija viven en el único bloque ocupado por la PAH en Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene sobre la mesa la notificación de desalojo de un edificio ocupado por la PAH en febrero en Sants-Montjuïc. Ubicado en la calle de Hostafrancs, el Bloc La Bordeta es el único edificio en la capital catalana en manos de la obra social de la plataforma que durante cinco años lideró la ahora alcaldesa de Barcelona. Aunque lleva siete años vacío, sus propietarios piden el desalojo de las siete familias que viven allí. La PAH ha pedido al Consistorio que medie para evitar el desahucio del edificio propiedad de la familia Riera-Marsá que hace un año absorbió la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb o banco malo) por no poder hacer frente al crédito de siete millones. En el bloque viven cuatro menores y dos jubilados.

Aprieta el calor y Rubén, 64 años, conecta el único ventilador del bloque de viviendas de la calle Hostafrancs. Se jubiló en 2011 y cobra una pensión de 500 euros, que reparte con su mujer Carmen, después de haber trabajado más de 40 años. Rubén vive en el Bloc La Bordeta, el bloque de viviendas ocupado por la obra social de la PAH en febrero. Un inmueble que se quedó a medio construir en 2007 y que lleva más de siete años vacío.

“Solo queremos las casas que nos quitan los bancos”, reza un cartel en el tercer piso. La inquilina es Llum, una catalana de 48 años que vive con su gata. Fue de las primeras en instalarse después de tener que entregar su casa al banco hace tres años, al no poder pagar la hipoteca. Llum no tiene ingresos, trabajaba como autónoma en servicios de jardinería. Ahora tan solo percibe 260 euros al mes que compagina con algunos trabajos esporádicos. Su única propiedad es una furgoneta que tardó siete años en pagar. Llum es activista y veterana en la ocupación. Es la segunda vivienda que ocupa. “La única solución que me dieron en Servicios Sociales fue la de optar a los concursos de vivienda pública, pero no puedo, porque piden unos ingresos mínimos de 600 euros para inscribirte. La Administración nos ha dejado completamente de lado”, explica. “Este edificio lleva siete años vacío y ni siquiera se terminó de construir. Ahora nos quieren echar y no tenemos donde ir".

La notificación de desalojo emitida por el juez llegará antes del lunes. Una vez que la reciban, las familias tienen siete días para irse. Si no lo hacen, los Mossos d’Esquadra los desalojarán por la fuerza, a no ser que antes se llegue a un acuerdo con los propietarios. El inmueble es propiedad de la familia Riera-Marsá. Se quedó a medio construir en 2007, cuando la promotora mallorquina que formaron, Nyala 2006, entró en quiebra y no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca — más de siete millones de euros— siendo absorbida por la caja de ahorros balear Sa Nostra. El edificio está actualmente en manos de la Sareb, que en un año no ha ejecutado la hipoteca de los Riera-Marsá, según la PAH. La denuncia, sin embargo, está a nombre de los propietarios y la Sareb dice que no puede hacer nada.

El portavoz de la PAH, Carlos Macías, asegura que las familias no tienen otro sitio al que acudir y que desde la plataforma han intentado negociar con la familia y con la Sareb sin éxito. El siguiente paso fue informar al Ayuntamiento y a Servicios Sociales de la situación. Desde el Consistorio aseguran que están intentando llegar a un acuerdo con los propietarios y trabajando en un protocolo social de vulnerabilidad.

Llum está a la espera de un alquiler social, igual que Mónica, la última en llegar al bloque. Comparte habitación con Aida en el cuarto piso hasta que pueda poner un lavabo y un wc en el primer piso. Ahora las familias tienen luz y agua, pero a su llegada las duchas se hacían en casas de amigos y la cena se reducía a alimentos sin cocinar. Mónica tiene 30 años y cobra 3,98 euros la hora atendiendo llamadas en un call center de la cadena de pizzas Domino's. Por hora nocturna cobra 65 céntimos más. Con un sueldo que no llega a los 600 euros tuvo que dejar la habitación que compartía porque no le llegaba para comer. Su primer desahucio lo vivió con 16 años, cuando desalojaron a su madre por impago del alquiler.

“Somos familias normales intentando sobrevivir”, explica Eli, de 24 años, en la planta baja del edificio que las familias utilizan como zona común. Una nevera, un fogón y una mesa con siete sillas. Aquí se reúnen para cocinar y compartir historias. Eli es la madre de Yanira, dos años, y de Hugo, siete años. Yanira acaba de levantarse de la siesta y juega detrás de Pulga, una perrita beagle de cuatro años. “Vivíamos de alquiler en un estudio en el Carmel con humedades y sin ventilación pagando 400 euros”, cuenta Eli, “yo solo tengo una ayuda de 570 euros de de la renta mínima de inserción así que ocupamos una vivienda en Bon Pastor porque no llegábamos a final de mes”. Ahora viven todos en La Bordeta. Los niños están empadronados en Bon Pastor, donde asisten al colegio y tienen sus médicos. Están lejos, pero es mejor opción que no tener dónde vivir.

Se hace tarde y Rubén se despide. Es el abuelo de La Bordeta, el “chapuzas de la casa”. Con dos nietos, este uruguayo de nacionalidad española, no renuncia al buen humor. “Con lo viejo que soy, pensé que no me querrían aquí”, bromea.