La Confederación de los presidentes imputados

Como su vida es todavía corta, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil solo ha tenido dos presidentes, y se puede decir que el 100% de sus responsables están imputados porque ambos son objeto de investigación judicial. El primero, que inauguró el cargo a la par que una lujosa sede, Francisco Fernández Liñares (PSOE), representa el origen y el eje del macrocaso Pokémon sobre corrupción política que instruye desde Lugo la magistrada Pilar de Lara. El segundo, Francisco Marín, que relevó al socialista cuando Rajoy recogió los bártulos de Zapatero, acaba de ser citado a declarar en calidad de imputado por un supuesto delito de quebrantamiento de medida cautelar por parte de la juez de Sarria Diana Vales.

Presuntamente este alto cargo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente desobedeció al juzgado, que había ordenado suspender la tala de árboles prevista por las obras de encauzamiento del río Sarria, a su paso por la población lucense a la que también da nombre. El descomunal proyecto de canalización con el que la Confederación pretendía evitar las crecidas afectaba a la mayor parte (178 árboles) de la vegetación de ribera, un conjunto de alisos saludables que conforman el pulmón verde de una localidad tomada por el cemento.

Además, el plan, impulsado ya por el primero de los presidentes de esta Confederación, Fernández Liñares, contemplaba obras de demolición y reforma en varios puentes, algunos de ellos históricos. El juzgado número 1 de Sarria ordenó la suspensión cautelar de la tala tras la denuncia de buena parte de los vecinos, movilizados desde hace año y medio contra el polémico proyecto que cambiaría por completo su paisaje urbano. Durante varias semanas los protagonistas de lo que se dio en llamar "el Gamonal de Sarria" llevaron a cabo protestas y se encadenaron, dentro de la isla fluvial de O Toleiro, a los árboles marcados con un aspa por la empresa maderera para evitar su tala. Luego fueron desalojados bruscamente por las fuerzas del orden y algunos de ellos empezaron a recibir multas de la Subdelegación del Gobierno que en total sumaban más de 20.000 euros y que interpretaron como "medida represora".

El juzgado abrió un proceso penal para investigar la legalidad de unas obras denunciadas por los vecinos —aunados por la Plataforma Sarria polo Río— y bendecidas en principio tanto por el anterior gobierno local del PP como por la Xunta de Galicia. En una nueva fase, la juez quiere saber por qué se taló un árbol en la isla tras el veto que impuso. Francisco Marín ha sido citado después de haber declarado ya como imputados, tal y como informa la plataforma vecinal, la directora de la obra, un jefe anterior, un encargado y el representante legal de la empresa adjudicataria.

Numerosos colectivos ecologistas, culturales y sociales de toda España han dado su respaldo a los vecinos desde que se rebelaron ante estas obras impuestas por la Confederación. En Galicia, desde la Escola Galega da Paisaxe hasta el Consello da Cultura Galega, pasando por varios de los más destacados catedráticos de Botánica e Ingeniería Agroforestal tomaron partido en contra el proyecto. Todos advirtieron de la necesidad de conservar unos árboles "indiscutibles", "prioritarios", "insustituíbles", además de raramente sanos en una comunidad autónoma donde buena parte de los alisos están enfermos.

La obra proyectaba la eliminación de presas históricas y de parte de la isla fluvial, y la transformación radical de cuatro puentes. Uno, Ponte Ribeira, con base medieval y en pleno Camino Francés a Santiago, una ruta que en su conjunto ha sido declarada patrimonio de la Unesco; y otro, el de la rúa Calvo-Sotelo, construido en el XIX.

Hoy, la Plataforma Sarriana polo Río, que continúa su lucha, ha hecho público un comunicado en el que felicita a los sarrianos porque de momento el "esfuerzo" del pueblo mantiene en pie buena parte del patrimonio local amenazado por la piqueta. "Fuimos capaces de hacerlo en contra del deseo de la mayoría de los políticos, que solo veían en la demolición una obra que les podía dar réditos electorales", afirman.

El proyecto de canalización afectaba a la mayor parte de la vegetación de ribera

Mientras tanto, el presidente anterior de la Confederación Hidrográfica, el jefe cuando el proyecto de encauzamiento del Sarria (previo a la era de los recortes) se calculaba aún más ambicioso, sigue siendo investigado por la juez De Lara, titular del 1 de Instrucción de Lugo. La magistrada sigue su pista desde que estalló la Operación Carioca sobre prostitución y trata de mujeres. Liñares aparecía entonces estrechamente ligado al propietario del solar en el que se levantaba el prostíbulo epicentro de la trama. Durante años, la juez tiró del hilo y terminó cercando al político socialista que había sido la mano izquierda del alcalde Orozco en Lugo y fue premiado por el Gobierno con una Confederación recién nacida y con infinidad de concursos y contratos por cerrar.

El sumario de la Pokémon nace con capítulos que describen el supuesto cobro de sobresueldos y mordidas por parte de Liñares, apodado Garbancito en las escuchas telefónicas a empresarios supuestamente beneficiados por él. En los registros domiciliarios apareció todo un arsenal de lujosos regalos que recibía a cambio de los favores. También anotaciones contables que lo delataron. Es uno de los pocos imputados de la Pokémon que reconoció los hechos nada más entrar a declarar después de ser detenido. Según los investigadores de Aduanas, tampoco le hacía ascos a los presentes en especie, y presuntamente aceptaba tanto perdices como costosos trabajos forestales gratuitos en sus fincas plantadas de eucaliptos. Además, el una pieza separada, la juez De Lara rastrea ahora si Fernández Liñares acosó y abusó sexualmente de varias mujeres que declararon que lograron puestos de trabajo a cambio de presuntas relaciones.