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Colau y la oposición se enrocan sobre la organización municipal

La junta de portavoces termina sin acuerdo sobre los cargos de confianza y el cartapacio

Ferran Mascarell y Ada Colau, en la inauguración del Festival del Grec de Barcelona.
Ferran Mascarell y Ada Colau, en la inauguración del Festival del Grec de Barcelona.

La disputa entre el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la oposición sobre el reparto de asesores y la organización del Ayuntamiento se enroca. Dos horas de reunión ayer de la Junta de Portavoces se saldaron sin avances y evidenciaron las dificultades que tendrá Colau para imponer políticas con solo 11 concejales —en un plenario donde la mayoría absoluta está en 21— si no cede en sus planteamientos. La voluntad de Colau de tener más peso en las empresas municipales es uno de los escollos que encalla el diálogo.

Los frentes de batalla son dos: el reparto de los 92 cargos de confianza entre el Gobierno municipal y la oposición, salvo la CUP; y el cartapacio, una cuestión no tan llamativa para la ciudadanía pero de gran trascendencia en la toma de decisiones del ayuntamiento. En el primer capítulo, ayer el ejecutivo cedió subiendo de 30 a 34 los asesores a repartir entre la oposición; una cifra que CiU, PP, PSC y Ciutadans consideran insuficiente. Quieren siete por grupo. Con todo, esta es una cuestión que finalmente Colau decidirá por decreto, en el Decreto de Personal Eventual.

La madre del cordero es el cartapacio, que debe discutirse —y aprobarse, aunque ahora parece imposible— en un plenario el día 14, un mes después de constituirse el consistorio. En el cartapacio figura el reparto de cargos en las direcciones de las empresas municipales; los sueldos de todo el organigrama; las presidencias de los distritos y de las comisiones de plenario e incluso el número de comisiones que tiene el Ayuntamiento. En el mandato pasado eran seis, y Colau quiere reducirlas a cuatro, en correspondencia con las cuatro grandes áreas en las que ha organizado el consistorio (economía, derechos sociales, urbanismo y derechos de ciudadanía y participación). La oposición discrepa y defiende, por ejemplo, que seguridad, que cuelga de Colau, debería tener una comisión propia.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, afirmó ayer que el ejecutivo “ha hecho un esfuerzo y ha sido generoso” en el reparto de asesores, pero mantuvo que “el Gobierno necesita un mínimo para tirar adelante el programa que la ciudadanía ha votado”. Aseguró además que en otros ayuntamientos el reparto de asesores es mucho más favorable al ejecutivo que en el que propone Colau. “La propuesta de la oposición impediría gobernar”, zanjó. Pisarello también explicó que han hecho una propuesta de reducción de los sueldos de toda la estructura que comenzaría por un 20% menos en el caso de la alcaldesa (aunque Colau por código ético de Barcelona en Comú cobraría un salario mensual máximo de 2.200 euros). No concretó más.

En tromba, la oposición salió de la reunión reprochando al ejecutivo su actitud “poco dialogante” y todos los partidos aseguraron que el cartapacio “siempre” se ha decidido por consenso.

El regidor de ERC, Jordi Coronas, puso sobre la mesa la idea de que el Ayuntamiento se dote de un código ético que entre otras cuestiones impida contratar a familiares. Una clara alusión a la contratación en cargos de responsabilidad de la pareja de Pisarello, Vanesa Valiño, que trascendió días después de que Barcelona en Comú contratara al marido de Colau, Adrià Alemany. Desde CiU, Joaquim Forn advirtió de que el pleno del cartapacio debe convocarse la semana que viene y recordó que las posiciones están muy alejadas.

Por parte del PSC, Carmen Andrés, rechazó la existencia de solo cuatro comisiones de plenario y cuestionó la voluntad del equipo de Colau de tener más peso en las empresas. Y desde el PP, Àngels Estellés criticó sin tapujos a un equipo de gobierno “que con solo 11 regidores parece tener voluntad de suprimir el control político de la oposición” y exigió por lo menos siete asesores por grupo. “Pierden de vista que las decisiones que toma un ayuntamiento son ejecutivas”, alertó.

Más allá del cartapacio, el Gobierno también anunció que no habrá plenario ordinario hasta el mes de octubre, pasado el 27S.

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