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Los diez agravios de Artur Mas

El informe de la Generalitat que denuncia una "ofensiva" del Gobierno resume las principales quejas del Ejecutivo catalán

El presidente de la Generalitat, Artur Mas.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. EFE

Las 102 páginas del informe que la Generalitat presentó ayer para denunciar lo que considera una "ofensiva" del Estado en Cataluña contienen decenas de quejas concretas que Artur Mas quiere usar como argumento para defender la independencia. Estas son las diez principales. 

1.La falta de diálogo. La Generalitat lamenta que ninguna de sus reivindicaciones (el Estatuto original, el pacto fiscal, o la consulta soberanista) ha sido escuchada. Tampoco las peticiones concretas de Mas a Mariano Rajoy.  "De los diferentes encuentros realizados entre los dos presidentes, hace falta destacar la reunión del 30 de julio de 2014 en la que el presidente Mas presenta un documento de 23 puntos relevantes en diferentes ámbitos, que no ha obtenido ningún resultado relevante". A ello, añade la paralización de las relaciones bilaterales Estado-Generalitat: "Durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 no se ha reunido ninguno de los órganos bilaterales previstos para desplegar el Estatuto, pese a las reiteradas demandas de la Generalitat".

2.  El déficit fiscal. Es la principal reivindicación económica, uno de los capítulos más extensos del documento: "El déficit fiscal de Cataluña con la Administración central persiste y el 2011 llega a los 15.006 millones de euros, el 7,7% del PIB. Eso equivale aproximadamente a: todos los gastos de la Generalitat en salud, educación, y bienestar del año 2011 (16.322 millones); un tercio de la deuda viva de la Generalitat el 31/12/2011 (43.172 millones); casi el doble de la inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 (8.230 millones); la previsión de los gastos del Estado del 2011 en defensa y seguridad (15.270 millones); más que la aportación de España en la UE (12.117 millones) o que la previsión de transferencias a recibir de la UE (13.265 millones)". La conclusión: "En el período 1986-2011, Cataluña sufre de media un déficit fiscal del 8% del PIB".

3. La ley de la dependencia. La Generalitat incluye este lamento en dos capítulos diferentes del documento: "El Estado ha olvidado su participación en la financiación de la Ley de la Dependencia. De acuerdo con la Ley, cada parte tendría que aportar el 50%, pero la realidad es que Cataluña aporta el 82,5% de la financiación pública de la Ley y el Gobierno español solo el 17,5%. Si la Generalitat hubiese destinado los mismos recursos que el Estado a la financiación de la ley de dependencia, un 65% de las personas que han sido atendidas no se podrían haber beneficiado de esta atención".

4. La falta de inversiones. "La falta de inversiones en Cataluña ha sido constante y ha afectado todos los ámbitos: Rodalies, corredor del mediterráneo, accesos a los puertos, gestión aeroportuaria, carreteras...todas ellas reclamadas desde hace años. La inversión del Estado en Cataluña el 2015 supone solo el 9,5% de la inversión total y sitúa Cataluña en la tercera posición por la cola. Representa la mitad del peso del PIB catalán al conjunto del Estado. Es el porcentaje más bajo de inversión en los últimos 17 años. En términos de euros por habitante Cataluña percibirá 145 por habitante, solo por encima de Canarias y Baleares":

5. La recentralización. Desde que Mariano Rajoy llegó al poder, el Gobierno catalán denuncia el intento de quitar competencias de las autonomías: "Con la excusa de eliminar posibles duplicidades institucionales y administrativas, el Estado propone eliminar organismos sin valorar el repartimiento competencial. El Estado propone que la Generalitat suprima instituciones y organismos estatutarios de fuerte implantación en Cataluña como el Síndic de Greuges [el Defensor del Pueblo catalán], la Sindicatura de Cuentas o el METEOCAT [el organismo meteorológico]".

6. Limitación de la Acción Exterior: El intento de internacionalizar el proceso soberanista se ha topado con la resistencia del Estado, que ha puesto su foco en las delegaciones del Gobierno catalán en el mundo: "Obstáculos e impedimentos continuos por parte del Gobierno español a la acción exterior de la Generalitat, pese a que se ha demostrado efectiva para proyectar Cataluña como país de prestigio y defender directamente los intereses de Cataluña ante otros países y organismos. Las nuevas normativas menosprecian y recortan la acción exterior del Gobierno catalán, que se ve sometida a la vigilancia y el control del Estado español".

7.Conflictividad institucional. La batalla entre el Gobierno y la Generalitat se vive en el Constitucional, como constata el documento de Mas: "La Generalitat ha recorrido ante el TC 47 normas estatales: 19 conflictos de competencia contra decretos estatales, 28 recursos de inconstitucionalidad contra leyes estatales. Por su lado, el Estado ha recorrido 19 normas o disposiciones catalanas: 1 conflicto negativo de competencia que no fue admitida por el TC, 15 recursos de inconstitucionalidad y 3 recursos de impugnación directa de disposiciones autonómicas"

8.Incumplimiento de la legalidad. La Generalitat cita una serie de normas que el Gobierno se salta, especialmente la territorialización de algunos impuestos: las becas de estudio, los beneficios del 0,7% del IRPF (que representan "20 millones de euros menos para las entidades sociales catalanas"), el 0,7% del IRPF de carácter ambiental, o las subvenciones turísticas.  

9. La lengua. La ley Wert ha sido una de las más combatidas por la Generalitat esta legislatura: "Introduce cambios profundos en el modelo de distribución de competencias educativas entre el Estado y las comunidades autónomas. El cambio de modelo educativo reduce las competencias autonómicas a aspectos residuales (...). La nueva ley imposibilita la continuidad del modelo de escuela inclusiva y del sistema de inmersión lingüística". La Generalitat lamenta que hasta cinco leyes han sido impugnadas por razones lingüísticas. 

10. Los traspasos pendientes. Hay nueve traspasos desde 2011 (los inmuebles de la seguridad social, la ejecución de las leyes en materia de ocupación, la formación sanitaria especializada, la autorización a laboratorios farmacéuticos y fabricantes de productos sanitarios y cosméticos, el salvamiento marítimo, la seguridad privada, las funciones sobre los muelles deportivos y pesqueros en puertos estatales, y tres edificios. La Generalitat denuncia también que hay dos negociaciones muy avanzadas sobre traspasos que están paralizadas (las becas y las reclamaciones a entidades financieras) y hasta 23 más que el Gobierno catalán considera que le deben ser traspasadas por ley.

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