El nuevo consejero de Transportes cometió “irregularidades” de alcalde

La Cámara de Cuentas de Madrid ha encontrado “irregularidades” en la gestión de Torrejón de Ardoz (129.000 habitantes), gobernado por el popular Pedro Rollán desde 2007 hasta el pasado sábado, cuando fue nombrado por la presidenta, Cristina Cifuentes, consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. El informe, datado este lunes y que fiscaliza el ejercicio fiscal de 2012, subraya falta de procedimientos administrativos y de transparencia, un agujero bancario de 670.992 euros, un endeudamiento incontrolado y operaciones inmobiliarias sobrevaloradas de la empresa de la vivienda.

 Entre las atribuciones ahora de Pedro Rollán como consejero está la de la gestión del parque de viviendas de la Comunidad. Parte de las “irregularidades” que observa la Cámara de Cuentas en su gobierno de Torrejón —una de las tres grandes localidades madrileñas en las que el PP ha mantenido la mayoría absoluta— tiene que ver con esta área.

Viviendas sobrevaloradas. Las promociones analizadas de HABYCO XXI —la empresa privada que se ocupa de la gestión de la vivienda municipal— “el precio de venta realizado es inferior al precio de venta sobre el que se ha calculado la facturación a la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo]”. La EMVS tiene un saldo ficticio de 72 millones porque “recoge bienes que deberían ser recepcionados [contabilizados] por el Ayuntamiento”. No puede estimar el valor de la EMVS porque no aparecen los locales comerciales o las plazas de garaje.

Subjetividad. Sostiene la institución que en la contratación existe “escasa diferencia entre los criterios objetivos y subjetivos”, lo que provoca que “estos últimos sean determinantes de la adjudicación (…) lo que resulta contrario al principio de transparencia”. Además, dice que no hay planificación de las necesidades municipales, ni informes que justifiquen los contratos o estudios económicos que verifiquen que el precio de licitación es el adecuado. Casi todos son contratos menores que no hay que publicitar. Y algunas empresas encadenan contratos así sin que exista un concurso abierto. Es el caso de una contrata de limpieza de diversas dependencias municipales.

Obras. Se construyeron 5.363 plazas de aparcamiento de las que quedaban en 2012 sin vender el 47%. Ello suponía acumular unos gastos financieros y de mantenimiento de 865.000 euros. Del expediente del soterramiento de residuos sólidos urbanos “no se desprende el coste que corresponde a la obra y al mantenimiento”. Se formalizó por 25 millones y la “inadecuada calificación del contrato ha permitido extender su plazo de ejecución a 22 años”. Las obras de vías de servicio en las carreteras debían durar 20 meses y se prolongaron 50 sin que se exigiese explicaciones o se supervisara las obras. O se presupuestaron 14 millones para revitalizar el centro urbano con “ausencia de justificación de la contratación”.

Agujero en los balances. Hay “dos cuentas restringidas de recaudación, cuyos saldos contables agregados (saldo acreedor 417.767 euros) no coinciden con los bancarios (253.2254), generándose una diferencia de 670.992, no habiendo aportado el Ayuntamiento el oportuno estado conciliatorio”. Y, en otras cuentas, al final del ejercicio se ha “adecuado los saldos contables a los bancarios” descuadrados por “deficiencias de registro acumuladas durante varios años”. Recuerda el informe que, aunque el balance presupuestario negativo era en realidad de 36,1 millones en 2012, se maquilló dejándolo en 10 millones al no imputar bien los derechos y obligaciones de ese ejercicio. Se registró también un pago de IBI de la base aérea de 533.000 euros que no se ejecutó hasta el año siguiente.

Excesivo endeudamiento. Existe un “notable incremento del endeudamiento” pese a no tener “cobertura presupuestaria”. En 2012 hay un “reconocimiento extrajudicial” de créditos por 13 millones no imputados antes. La deuda por habitante casi se duplica en un año, hasta los 1.106 euros.

Contrataciones verbales. “El Ayuntamiento ha recibido prestaciones por importes superiores a los contratos menores sin tramitar un expediente (...); es decir, prescindiendo absolutamente del procedimiento de contratación”. O “no se hace el seguimiento correcto de los gastos plurianuales” y se paga a proveedores con 449 días en vez de en 60.

Juntas exprés. El orden del día de las juntas de Gobierno se conoce tan tarde que no llega con “el tiempo necesario para que las personas que tienen que aprobarlo [los concejales] lo analicen”. Un gran porcentaje de acuerdos son “por procedimiento de urgencia”.

Nóminas a mano. La nómina manual “da múltiples errores y dificultades para fiscalizar”.