EH Bildu logra implicar al PNV en un caso de fraude en Gipuzkoa

Las dos máximas autoridades institucionales de Gipuzkoa, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, tendrán que declarar como testigos en la causa abierta por un juzgado de Azpeitia (Gipuzkoa) relacionada con las presuntas irregularidades cometidas en el pago de las obras de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria). En la denuncia figura como imputada, como ex responsable técnica de Bidegi, Mirari Azurmendi, elegida concejal del PNV en Usurbil.

El anterior Gobierno foral de Gipuzkoa, en manos de Bildu, presentó sendas querellas que elevan a 30,7 millones de euros el supuesto fraude conocido como caso Bidegi, consistente en el pago de esas cantidades por obras no realizadas en 2009, cuando en la institución foral estaba gobernaba por el PNV.

La denuncia por malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y encubrimiento va dirigida contra el ex director general de Bidegi (sociedad pública que gestiona las autpistas de Gipuzkoa) Agustín Zugasti, además de las constructoras que ejecutaron la autopista AP-1 y responsables de las ingenierías que intervinieron en las obras. El juzgado ha citado a declarar como imputados a tres excargos de Bidegi: el director técnico en 2011 de esta sociedad pública, Agustín Zugasti, la administradora Silvia Armenteros, además de Mirari Azurmendi.

La Diputación de Bildu interpuso la demanda tras constatar que en junio de 2011, una semana antes de que Martin Garitano y su equipo de diputados asumieran el poder en Gipuzkoa, se liquidaron las obras de la autopista por unas cantidades que sobrepasaban las realmente ejecutadas. Para ello, según la denuncia, se falsearon mediciones para inflar la factura que inicialmente se había acordado con las empresas.

En la demanda inicial, la Diputación guipuzcoana denunció que BiIdegi abonó 13,6 millones por trabajos no realizados en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte de la AP-1, referidos a un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra. En una segunda querella, incorporó otros 17,1 millones, de los 8,3 millones correspondían al pago por el uso de materiales (hormigón y fibra de acero) que no se emplearon, y otros 8,8 millones por trabajos que ya habían sido abonados por la Diputación alavesa en las obras del túnel de Arlaban, que une Álava y Gipuzkoa.

Esta última denuncia, que acaba de ser admitida a trámite por el titular del juzgado, fue interpuesta por el Gobierno foral de Bildu durante la pasada campaña electoral y en plena pugna política entre la coalición abertzale y el PNV. Bildu siempre trató de implicar al PNV en las presuntas irregularidades que investiga la justicia y apuntó a Markel Olano y Eneko Goia como los "responsables políticos" del caso Bidegi, por ser los máximos representantes en el consejo de administración de esta sociedad pública foral.

El juez ha aceptado la última querella, en la que se solicitaba que Olano y Goia declarasen como testigos. Se da la circunstancia de que la parte demandante es la Diputación guipuzcoana, que ahora ha vuelto a manos del PNV tras ganar las pasadas elecciones municipales. Este partido siempre ha defendido la "falsedad" de la denuncia que Bildu promovió desde la institución foral.