El Gobierno lleva al Constitucional el comisionado para la independencia

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la presentación de un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de la Generalitat de Cataluña por el que se creó el comisionado de Transición Nacional y ha pedido de forma expresa su suspensión. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado hoy de la presentación de este conflicto y ha recalcado la voluntad del Ejecutivo de recurrir todas las decisiones de la Generalitat tendentes a la creación de estructuras de Estado. Por ello, junto al decreto, se llevan al Constitucional los planes ejecutivos de la Generalitat para la creación de esas estructuras y el plan de infraestructuras estratégicas de Cataluña, así como todas las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de ese decreto o de los planes.

Neus Munté, portavoz del Gobierno catalán, ha lamentado el recurso y ha anunciado que el Ejecutivo no dará marcha atrás en sus planes de crear las estructuras de Estado. En una comparecencia urgente, destinada también a lamentar las víctimas del atentado de Túnez, Munté ha tildado el recurso de partidista al estar basado a su juicio en argumentos políticos y no jurídicos. "Nos están haciendo un asedio democrático", ha afirmado. "No daremos ni un paso atrás. A cada obstáculo, encontraremos una solución". Y ha sido taxativa en su respuesta: "¿Si Viver Pi-Sunyer seguirá en su cargo? No va a haber ningún cambio y no vamos a dar atrás en las tareas que tiene encargadas este comisionado".

El Gobierno ha presentado el conflicto después de que la Generalitat haya ignorado el requerimiento que se le hizo el pasado mes de abril para que diera marcha atrás en el nombramiento de Carles Viver Pi-Sunyer como comisionado para la Transición Nacional. Al pedir el Gobierno la suspensión del decreto, ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, el comisionado "no puede desplegar ninguna de sus actuaciones, es como si no existiera".

La labor encomendada a ese comisionado por la Generalitat es coordinar todos los departamentos en la preparación de las "estructuras de estado" para que estén listas de cara a las elecciones del 27 de septiembre, a las que el presidente catalán, Artur Mas, pretende dar carácter de plebiscito por la independencia.

A juicio de Sáenz de Santamaría, con ese decreto y los planes que le acompañan la Generalitat adopta "previsiones para una eventual separación del Estado español otorgando al comisionado aquellas funciones que corresponderían al Estado" en Cataluña. La vicepresidenta ha recalcado que la finalidad de todas esas medidas preparar las "actuaciones siguientes a una declaración unilateral de independencia" en Cataluña.

Para el Gobierno, el comisionado y los planes para crear esas estructuras de un estado catalán suponen una "vulneración flagrante de la soberanía del pueblo español", de la indisoluble unidad de la nación española y de la igualdad de los españoles ante la ley. Sáenz de Santamaría ha agregado que el decreto impugnado es "manifiestamente inconstitucional" por vulnerar las competencias del Estado en su conjunto y, en particular, las relativas a las relaciones internacionales,  a la hacienda pública, a aduanas, a la coordinación actividad económica, a los puertos y aeropuertos, a los ferrocarriles, al régimen general comunicaciones y a correos y telecomunicaciones, entre otras.