Puig frena la reforma de la renta mínima prometida hace cuatro años

La esperada reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI) no llegará esta legislatura. Este es uno de los mensajes que ayer transmitió el consejero de Empresa, Felip Puig, a los representantes de la Mesa del Tercer Sector, durante la reunión anual de las entidades con el Gobierno catalán. Àngels Guiteras, líder de la Mesa, lamentó que “no haya fecha” para la nueva ley. La portavoz del Gobierno catalán y consejera de Bienestar Social, Neus Munté, aseguró que el trabajo sobre la RMI ha quedado “subsumido" por el debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía.

La actualización de la ley que regula el programa de la RMI está pendiente desde el verano de 2011, cuando el nuevo Gobierno catalán liderado por Convergència i Unió decidió revisar la prestación sin avisar, dejando a miles de personas sin la ayuda argumentando una lucha contra el fraude. El departamento de Empresa y Ocupación, liderado entonces por Xavier Francesc Mena, endureció los criterios y excluyó de la prestación a las personas sin recursos que habían perdido el empleo y que no tuvieran una dificultad social añadida.

Este programa, el antiguo PIRMI, estaba pensado como una ayuda de último recurso, de unos 460 euros, para personas sin ingresos y con alto riesgo de exclusión. El cambio en el perfil de la pobreza que ocasionó la crisis desbordó la prestación, aunque también muchos expertos y desde la oposición, sostienen que la decisión también venía motivada por un ajuste presupuestario. Mena llegó a decir, sin aportar cifras, que “muchos” de los beneficiarios pagaban con la renta el abono a la televisión por cable o peajes de autopista.

El Gobierno catalán anunció entonces una reforma a la ley de la que no se conoce ni el borrador. Desde Empresa y Ocupación siempre se ha insistido que se estaba trabajando en el texto. En los Presupuestos de 2014, la partida para el programa llegó a los 178 millones de euros, un esfuerzo que ayer Guiteras reconoció. Hay unos 27.000 expedientes activos, un 8,3% más que el año pasado.

De nada han valido las insistentes peticiones por parte de entidades como Cáritas, la propia Mesa del Tercer Sector, del Consejo Asesor de de Políticas Sociales y Familiares (CAPSIF), el Síndic de Greuges y de la oposición para que la reforma tire adelante. La actualización supone asumir parte de las resoluciones del pleno monográfico contra la pobreza. El pasado marzo la Cámara catalana aprobó con todos lo votos, menos los de CiU, una moción para aprobar la reforma antes de junio.

“Si no disponemos de una renta garantizada, es urgente redefinir el carácter de la RMI como un programa y no una prestación, que significa que toda persona receptora tiene que tener el apoyo técnico que le ayude a cumplir con los compromisos adquiridos”, aseguró el CAPSIF en su último informe de marzo de este año. “Es igualmente necesario redefinir los perfiles y las condiciones para poder ser beneficiario y sea la última red del sistema de protección”, añadía el texto.

La existencia de una renta está contemplada en el Estatuto de Autonomía. Hace dos semanas, varios grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas al texto de la ILP, promovida entre otros por entidades vecinales y sindicatos. Si bien el trámite se está haciendo por vía de urgencia, aún no es claro que logre aprobarse durante esta legislatura. Diversos cargos de la Generalitat, incluyendo a Munté, siempre han considerado que la ILP es “inoportuna” dada la dura situación económica de la Generalitat.