El fiscal acusa a Sánchez Alegría de prevaricar y malversar en Epsilon

El Fiscal Jefe de Álava, Josu Izaguirre, acusa al expresidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal y delito societario por su actuación en el denominado caso Epsilon.

El fallido proyecto automovilístico vasco Epsilon que aspiraba a competir en la Fórmula Uno terminó quebrando a pesar de haber recibido alrededor de 48 millones de euros de ayudas públicas, la mayoría del Gobierno central. En la causa abierta a raíz de esta quiebra, la Fiscalía alavesa pide ocho años de cárcel para el catalán Joan Villadelprat, administrador único de Epsilon, y para el británico Mark Payne, su director financiero, por un delito societario y otro de insolvencia punible.

Ahora el fiscal ha decidido interponer una querella criminal contra Sánchez Alegría porque se "comprometió" a pujar por "un mínimo" de 16 millones si Epsilon no pagaba la hipoteca para construir su sede en el Parque Tecnológico de Álava (PTA), por lo que cuando la empresa entró en concurso de acreedores, el parque sufrió "un perjuicio patrimonial de muy graves consecuencias".

Izaguirre señala en su escrito que Sánchez Alegría, presidente de la red de parques vascos entre 2005 y 2009, "obvió" el informe del bufete que asesoraba jurídicamente al parque de Miñano en el que se alertaba de que la operación "excedía el objeto social del PTA, podía constituir una ayuda de Estado" y se constataba que "aunque se tratase de enmascarar, la operación era un aval".

La Fiscalía también cuestiona la cesión de rango hipotecario por la compra de un terreno a favor de los créditos concedidos por Kutxa y Caja Vital (ahora integradas en Kutxabank) a Epsilon, una operación para la que Sánchez Alegría "no solicitó ningún asesoramiento jurídico o de otro tipo que pudiera arrojar luz sobre su viabilidad económica y jurídica".

Informes posteriores a los hechos que se investigan emitidos por la Asesoría Jurídica del Gobierno vasco, la Oficina de Control Económico del Ejecutivo autonómico y otro bufete ahondan en estas conclusiones, recuerda el fiscal. Por ello sostiene que en ambas operaciones "se incumplió de manera palmaria la normativa", ya que "no tenían base legal alguna, contradecían el asesoramiento jurídico solicitado y no respondían a criterio económico racional alguno". Además, añade, no se analizó la solvencia de Epsilon.

Sánchez Alegría "estaba al corriente de todos los inconvenientes de la operación, de las cuestiones que eran insalvables y los decidió obviar" y todo terminó en "un evidente perjuicio patrimonial al PTA". Además la Fiscalía de Alava entiende que "ocultó" al resto de miembros del Consejo de Administración de Miñano "las consecuencias reales de los negocios suscritos".

Por todo ello acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal y delito societario a Sánchez Alegría, que también está imputado en el llamado caso de Miguel, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en Alava, liderada por exdirigentes y cargos del PNV, que también buscaba al parecer obtener contratos y adjudicaciones públicas.