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Animalistas ganan un gran caso de suelta de visones a los peleteros

La Audiencia de A Coruña archiva por "endeble" una investigación judicial de siete años en la que fueron imputados 25 miembros de Igualdad Animal y Equanimal de toda España

Militantes de Igualdad Animal protestan en 2009 ante el Corte Inglés de Valencia con visones gaseados y despellejados en granjas españolas.
Militantes de Igualdad Animal protestan en 2009 ante el Corte Inglés de Valencia con visones gaseados y despellejados en granjas españolas.

Siete años de investigación, pinchazos telefónicos, registros, detenciones, prisión provisional para algunos de los 25 imputados. Y ahora un juez estrella al que la Audiencia de A Coruña reprende por la "patente endeblez e inconsistencia de los indicios" que llevaron a prolongar en el tiempo una de las mayores causas contra grupos animalistas en España por la masiva e incontrolada suelta de visones de varias granjas de esa provincia entre 2007 y 2009. La sección compostelana de la Audiencia desestima el recurso presentado por la Asociación Nacional de Productores de Visón y da carpetazo al caso nacido de la llamada Operación Trócola, que corrió a cargo del magistrado José Antonio Vázquez Taín, instructor también de los sumarios sobre el robo del Códice Calixtino y la muerte de Asunta.

Según los jueces, Taín, que a principios de mes fue agasajado con el Conejo de Oro (un premio que le otorgaron los cazadores por "impartir justicia contra los que atentan contra el medio ambiente"), no obtuvo "ningún dato que relacione a alguno de los imputados con las sueltas de visones objeto de la investigación". Por el contraro, "se añade, como contraindicio, que la intervención de conversaciones telefónicas y las entradas y registros" en sus domicilios "no proporcionaron" nada de lo que los investigadores esperaban encontrar.

Los grupos animalistas recuerdan que precisamente por aquellos años -con la alarma suscitada entre los criadores de visón y la repercusión informativa de la Operación Trócola- fue cuando se generalizó el término "ecoterrorista", en referencia a los autores de unas liberaciones de mustélidos que, en algunos casos, tuvieron serias consecuencias en el ecosistema de varias cuencas fluviales e incluso en la población de aves de lugares protegidos como el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Esta comunidad autónoma es una potencia mundial en el sector, actualmente de nuevo en auge, ya que de las granjas gallegas sale el 80% de la producción estatal, 700.000 pieles de visón americano para su exportación a cuatro casas de subastas de Finlandia, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos, los grandes mercados peleteros del mundo.

Tras estos siete años de instrucción y poco después del traslado a A Coruña del magistrado Taín, su sustituta al frente del Juzgado de Instrucción 2 de Santiago, Margarita Guillén, decidió sobreseer provisionalmente las actuaciones en respuesta a un informe de la fiscalía, que había participado en la instrucción y solicitó el archivo. Los peleteros, personados como acusación particular, recurrieron la medida argumentando que se debía a una simple diferencia de criterio entre Taín y su heredera. Pero la Audiencia no lo ve así: "La intervención en la decisión recurrida de una magistrada distinta del que inició la instrucción (...) solo supone (...) una presunción de mayor objetividad e imparcialidad".

Las imputaciones cayeron en dos oleadas sucesivas sobre 25 directivos y colaboradores en varias comunidades autónomas de los grupos Igualdad Animal y Equanimal, fusionados a partir de 2012. Según recuerdan los entonces imputados, en junio de 2011 fueron detenidos "dentro de un despliegue policial contra los animalistas sin precedentes en España" 12 de sus activistas. Se les atribuían, entre otros, los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (sobre las empresas criadoras), allanamiento de domicilio de persona jurídica, daños a la flora y fauna y asociación ilícita. Habían intervenido sus teléfonos, registraron sus domicilios y se incautaron de ordenadores, cámaras y discos duros. A los dos días de los arrestos, Taín decretó el ingreso en prisión de tres miembros, aunque la Audiencia los puso pronto en libertad. Entre los 13 siguientes imputados, Igualdad Animal cita a "la madre de uno de los detenidos, una mujer de 63 años sin ninguna vinculación con el movimiento animalista".

El auto de la Audiencia, fechado el 15 de junio, concluye que "no se ha acreditado la participación de ninguno de los imputados, ni de la organización a la que se refiere el recurrente, en la comisión de algún acto delictivo concreto". Al contrario, los jueces afirman que las pruebas recabadas por Taín y la Guardia Civil podrían ser simplemente muestra de las "actividades lícitas dentro del ámbito de una organización dedicada a la defensa de los animales, defensa que permite actuaciones críticas que no son constitutivas de infracción penal". Los magistrados se refieren, en concreto, a "listados de granjas", "planos de Google" y "manuales de investigación propuesta de alta intensidad". Los grupos a los que pertenecían los imputados habían realizado reportajes gráficos y llevado a cabo "visitas y avistamientos de granjas", pero según la Audiencia "ninguno de esos actos se pueden vincular con la suelta de animales".

"Carece de sentido continuar con la instrucción ocho años después", defienden los magistrados en un auto contra el que no cabe recurso ordinario, tras unas indagaciones que solo han reunido "documentos y piezas de convicción con escaso valor incriminatorio" y "cuya custodia se ha visto alterada" recientemente, además, "por la comisión de un robo en el juzgado". La Audiencia rechaza también las conversaciones telefónicas intervenidas, y en concreto habla de dos que para el instructor sí resultaban elocuentes. Aquella en la que una activista imputada le decía a otros que podían contar con ella ese fin de semana "para salir de excursión" y esa otra en la que una persona pregunta a otra si puede "salir a trabajar" porque ese fin de semana necesitan "peña".

Uno de los cofundadores de Igualdad Animal, encargado de la comunicación del grupo y arrestado en la primera oleada de imputaciones, Javier Moreno, asegura que "el proceso estuvo plagado de irregularidades desde el principio", cuando "el instructor ya estaba haciendo declaraciones a los medios afirmando la culpabilidad" de los detenidos. En su opinión, el caso ha sido "una forma de represión fomentada por la industria peletera en un intento de criminalizar y frenar el trabajo de investigación que ha dado a conocer el sufrimiento de los animales en las granjas, donde padecen mutilaciones y viven en condiciones terribles hasta que son despellejados, a veces todavía vivos".