Condenado por matar a tiros al ladrón de sus plantas de marihuana

La Audiencia de Girona ha condenado a 17 años de cárcel a Francisco Javier Molina Guerra el vecino de Vila-sacra (Alt Empordà) de 60 años que en octubre de 2013 mató de tres disparos de escopeta a un marroquí que le robó ramas de marihuana de su plantación. La sentencia, que recoge el veredicto de culpabilidad que emitió un Jurado popular la semana pasada, le condena también a indemnizar a la familia de la víctima con 300.000 euros.

Javier Molina cultivaba una treintena de plantas de marihuana en un campo en desuso que ocupó en Vila-sacra. El hombre estaba obsesionado con que no le robaran. Tenía instalados sensores de movimiento y llevaba una escopeta de caza cargada con cartuchos de munición prohibida, tipo perdigón. Era consciente, según el jurado, “de la gran potencia mortal del arma”.

El 2 de octubre de 2013 entre la una y las dos del mediodía, el acusado sorprendió a la víctima cortando algunas ramas. Cuando vio que huía le disparó tres veces. El primer tiro le abatió y cayó al suelo. Entonces se acercó a la víctima y a una distancia entre 1 y 3 metros le remató con dos tiros, en el pecho y en la cabeza, “para asegurar el resultado letal”. Le envolvió en plásticos y lo tiró al río Muga.

El Jurado popular declaró al procesado culpable de un delito de asesinato con alevosía y el agravante de aprovechamiento del lugar. También desestimó las dos atenuantes solicitadas por la defensa, de arrebato y confesión. El fiscal, Enrique Barata, solicitó una pena de 19 años de cárcel y la acusación particular 20. Por su parte, la defensa pidió la pena mínima, 15 años.

La sentencia de la sección cuarta, de la que ha sido ponente el magistrado Adolfo García, ha recogido el veredicto del Tribunal popular y ha condenado a Molina a 17 años de cárcel. A pesar de que el Jurado apreció la circunstancia agravante de aprovechamiento del lugar solicitada por la acusación particular, legalmente no puede estimarse, según detalla la sentencia.

Molina también deberá indemnizar con 140.000 a los padres de la víctima, que tenía 34 años al fallecer. Y con 40.000 euros a cada uno de sus cuatro hermanos. Impide además que se comunique o acerque a menos de 200 metros de cualquier miembro de la familia durante 21 años.