El juez del ‘caso Innova’ examina contratos deportivos y de basuras

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Baix Camp), que investiga el caso de corrupción Innova, ordenó este viernes una nueva redada para buscar pruebas de presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de la ciudad. En concreto, indaga adjudicaciones de recogida de basuras por un lado y, por otro, contratos de ámbito deportivo, todo ello por indicios de delitos contra la Administración Pública.

Por la primera trama la Guardia Civil registró desde las 9 de la mañana el Área de Medio Ambiente del Consistorio, cuyas oficinas se encuentran en el Mercado municipal, en la céntrica calle Josep Sardà. A la vez, los agentes acudieron a varias sedes de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en Barcelona, el Prat de Llobregat y Tarragona para requerir documentación fechada desde 2005 sobre limpieza y recogida de basuras en la capital del Baix Camp, indicaron diversas fuentes. El Ayuntamiento de Reus volvió a adjudicar en 2009 a FCC, tras meses de protestas de los trabajadores, la recogida de basura. En ese momento el Departamento de Medio Ambiente de Reus dependía de ICV. El contrato tenía un presupuesto total de 86,8 millones de euros, y sustituyó al anterior, estipulado en 2001. Con el nuevo acuerdo, vigente hasta 2017, FCC volvió a hacerse con la concesión frente a otras dos empresas competidoras. La justicia investiga, entre otras cuestiones, presuntos inclumplimientos de contrato y divergencias entre los servicios llevados a cabo y las cantidades facturadas finalmente por la concesionaria.

Con la adjudicación, la de mayor envergadura del Consistorio de entonces, se incrementó el presupuesto dedicado a la limpieza viaria y recogida de basuras en 1,65 millones al año, informó entonces el Ayuntamiento. Todas estas diligencias de la Guardia Civil obedecen a la pieza separada 14 del caso Innova.

En paralelo, por otra presunta trama de corrupción la policía judicial de la Guardia Civil también registró desde primera hora de la mañana el Consell Esportiu del Baix Camp además de la mercantil Giravolt y la empresa municipal Reus Esport i Lleure (RELLSA). Estos registros forman parte de otra pieza separada del macrocaso Innova, en concreto la número 11, detalló el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Bajo el foco se encuentran subvenciones opacas, presunta malversación y delitos societarios.

Se da la circunstancia de que el Consell Esportiu del Baix Camp y Giravolt, que acaparan gran número de contratos de Administraciones públicas, compartían cargos (Joan Bartolí es el gerente de las dos), infraestructura, personal y se presentaban a los mismos concursos. 

El pasado mandato la CUP solicitó durante cuatro plenos seguidos una auditoría de RELLSA y denunció a la Fiscalía presuntas ilegalidades detectadas en esta sociedad municipal. En mayo del año pasado el regidor de la CUP David Vidal decidió abandonar el consejo de administración de esta empresa. “Tanto la regiduría de Deportes anterior – del tripartito del PSC, ERC e ICV– como la actual – CiU y PP – se han dedicado a hacer favores a diferentes clubs deportivos sin pagar las facturas a RELLSA, generando un gran agujero económico”, acusó Vidal. Por ejemplo, la CUP denunció que entre 2008 y 2010 la sociedad pagó más de 800.000 euros en nóminas a jugadores profesionales del Reus Deportiu.

En abril de 2015 la Fiscalía instó al juez a incorporar las sospechas en torno a RELLSA al sumario del caso Innova. “Existen graves omisiones respeto de la legislación sobre contratación”, “indicios de la comisión de delitos de prevaricación, malversación, delito societario, omisión del deber de perseguir delitos, delito contra la Hacienda Pública así como blanqueo de capitales” y “conexiones entre las presentes investigaciones y las desarrolladas por el denominado caso INNOVA”, destacó la Fiscalía.

Tras los registros el Ayuntamiento de Reus, gobernado por CiU, pidió en un comunicado celeridad a la justicia. "El Gobierno de la ciudad lamenta una vez más que el nombre de Reus vuelva a verse relacionado en cuestiones policiales y judiciales", añadió el Consistorio.