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Bustos, investigado por no denunciar los presuntos sobornos de un regidor

Un exconcejal del PP de Sabadell cobró la ayuda por incapacidad con el sueldo público

Manuel Bustos, al Parlament la setmana passada.
Manuel Bustos, al Parlament la setmana passada.

Siguen creciendo las ramificaciones del macro caso Mercurio, de presunta corrupción urbanística y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Sabadell. La juez de Sabadell, Beatriz Faura, ha creado en apenas 12 días dos nuevas piezas que aumentan la causa hasta las 33 piezas. La primera de ella afecta al ex alcalde de Sabadell, Manuel Bustos y otros tres altos cargos del Ayuntamiento por no investigar unos presuntos sobornos que estaba aceptando un concejal, a pesar de tener conocimiento de ello. La segunda pieza afecta al exconcejal del PP de Sabadell, Jordi Soriano, y se investiga la legalidad de cobrar un sueldo público con una prestación por incapacidad y otros ingresos aparentemente ilícitos.

Una de estas ramificaciones surge de la pieza principal del caso Mercurio, la que investiga el supuesto pago de dádivas por parte de empresarios con tal de conseguir adjudicaciones de obra pública. La juez ha decidido crear una nueva más pequeña porque constituyen faltas diferentes. En este caso se imputa un presunto delito contra la Administración pública, en concreto, por la omisión del deber de perseguir el delito, tanto a Bustos como al jefe de la policía local, José Miguel Duran; el jefe del área jurídica, Marcel Galofré; y el ex jefe del área de Urbanismo, Manuel Somoza.

La pieza tiene como prueba principal una grabación donde José Ríos, de la empresa Excavallès, y otro promotor reconocen que dos empresas aspirantes a las obras del cementerio municipal pagaron a Jordi Soriano, ex concejal del PP, dinero con tal de adjudicárselas. Según la Fiscalía Anticorrupción y los Mossos, Soriano ejercía de intermediario entre empresarios y políticos a cambio de llevarse un mordisco.

La juez crea dos nuevas piezas del macrocaso, que suma ya 33 ramificaciones

Pero llega un momento en que Ríos se enfada porque el supuesto dinero que había dado a Soriano y otro intermediario, Nicolás Giner, “no dieron la rentabilidad esperada, en referencia a la adjudicación de obras” públicas, según recoge la investigación policial. El enojo del empresario crece cuando recibió un requerimiento del Ayuntamiento por el vertido de tierras procedentes de unas obras en unos terrenos del Parc Agrari sin permiso. Entonces llama a Soriano para asegurarle que se sentía “robado y estafado” y decide enviar la grabación a Bustos a través de su tío Melquíades Garrido, presidente del Gremio de Constructores. Los Mossos encontraron el vídeo en el ordenador de éste último.

“Es que como entenderás ya son muchas. [En el] Metro [en referencia a las obras de prolongación de los Ferrocarriles] llega el tiet [tío de Bustos] y Emilio [otro empresario] y me echan como un perro porque no entro en lo del 3%”, se queja Ríos a Soriano. Y añade en otra conversación: “Que se lo transmitas por favor al alcalde. Dile que aquí el único que chantajea es su tío y tengo pruebas para demostrarlos, visuales y que se escuchan. Y lo vamos a demostrar Jordi, que el único que se siente chantajeado soy yo, por su tío”.

Entonces Ríos es convocado a una reunión en el Ayuntamiento con el entonces alcalde, en principio con motivo del permiso del vertido de tierras. Pero el empresario se encuentra en una “encerrona”, según relatan los Mossos. En el encuentro también están Duran, Galofré y Somoza y además se tratan otros temas como supuestos sobornos a Soriano o que estuviera espiando a algún concejal del Ayuntamiento. Así relataría Ríos a otro empresario el encuentro: “subí arriba y me estaba esperando Manuel Somoza, el jefe de la policía urbana y el abogado del Ayuntamiento. Me he quedado caga... me he quedado flipado. Digo, ¿qué pasa aquí ahora? […] Bueno, total, quedamos así, yo me porto bien, ellos se portan bien, somos amigos ¿vale? […] Pues ya está, no cal que hablemos más, si es todo un mal entendido, venga un mal entendido. El jefe de policía me da la mano, el abogado también y en diez días o así, por lo que me han dado a entender sale tu permiso… me he cagado tú, cuando me he visto en eso digo, si lo llego a saber vengo con mi abogado”.

Con todo, la juez considera que los hechos evidencian que los cuatro cargos del Ayuntamiento imputados “habrían tenido conocimiento de unos hechos que vincularías a un concejal, Jordi Soriano, con el cobro de presuntas comisiones […] sin que ninguno de los cargos públicos, tras conocer los hechos, llevara a cabo actuación legal alguna”.

La apertura de la nueva pieza ha sido hecha pública este jueves por la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, acusación popular en el caso y que está integrada en la Crida per Sabadell, partido que forma parte del nuevo gobierno municipal. Este mediodía, el recién estrenado alcalde de Sabadell, Juli Fernández (ERC), ha anunciado la apertura de un expediente informativo al jefe de asesoría jurídica, Marcel Galofré, para esclarecer lo ocurrido.

Las retribuciones de Soriano

Las segundas de las nuevas piezas abiertas se centran en Jordi Soriano y en un presunto delito continuado de estafa a la Seguridad Social cometido por el exconcejal del PP por cobrar al mismo tiempo una prestación por incapacidad permanente y una retribución como cargo electo. Según las pesquisas policiales, Soriano cobraba algo más de 2.000 euros mensuales de ayuda social por dicha discapacidad desde 2006, que al ser total le impedía hacer otro trabajo, a no ser que lo solicitara expresamente.

Pero esto, dice la juez en base a las investigaciones, “no se produjo” y Soriano “ocultó, de forma aparente e indiciariamente consciente y voluntaria, a la Seguridad Social que desarrollaba una actividad retribuida, lo que le permitió continuar disfrutando íntegramente de la prestación por incapacidad al tiempo que recibía retribuciones por razón de trabajo”.

Pero Soriano no solo cobraba de la Seguridad Social y del Ayuntamiento. Un informe del área central del blanqueo de capitales de los Mossos revela que el exconcejal era administrador de una empresa familiar a través de la cual “percibía transferencias de origen ilícito procedentes de otras empresas o bien hacía ingresos en efectivo”. Entre los remitentes de los pagos se hallan empresas implicadas en el caso Mercurio. Destaca el sueldo que recibió, según las conversaciones telefónicas, por ejercer de intermediario con la empresa Contresnius, que se adjudicó parte de las obras del cementerio municipal.

El PP apartó en 2011 a Soriano y no le dejó repetir en las listas, tanto por su apoyo oscuro a Bustos como por mala gestión económica del partido. La dirección reclamaba a Soriano y otra regidora 150.000 euros.