El tripartito de Alicante desmonta el Ayuntamiento de Sonia Castedo

El nuevo equipo de gobierno de Alicante ya ha comenzado a perfilar los cambios que vivirá el Ayuntamiento en pocos días. Entre sus primeros pasos, el gobierno tripartito del socialista Gabriel Echávarri contempla restaurar en sus puestos originarios a los funcionarios apartados por la exalcaldesa popular Sonia Castedo, así como al interventor cesado en 2012 cuando este cuestionó el plan de ajuste municipal ideado para obtener del Gobierno central el plan de pago a proveedores.

El ‘conmigo o contra mí’ instalado en el Consistorio alicantino desde que Sonia Castedo se convirtiera en su alcaldesa está camino de su fin. El funcionario del Estado Francisco Guardiola, por ejemplo, volverá a ocupar su puesto una vez retire el nuevo gobierno el recurso presentado por el PP contra la segunda sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a readmitir al que fuera su interventor.

El pecado de Guardiola fue no decir las cosas que quería oír Castedo, como criticar la generación de gastos sin consignación presupuestaria que favorecieron en varias ocasiones a Enrique Ortiz, el empresario y constructor que más factura al Ayuntamiento. Tanto Ortiz como Castedo son compañeros de imputación en dos causas judiciales centradas en supuestos amaños del urbanismo alicantino. Fueron estas dos investigaciones las que obligaron a la ya expolítica a dimitir el pasado diciembre.

También arquitectos e ingenieros defenestrados regresarán a Urbanismo, área donde el binomio Castedo-Ortiz campó a sus anchas y los profesionales del croquis fueron desplazados durante 15 años en favor de profesionales del Derecho por motivos semejantes a los de Guardiola. La reubicación de estos técnicos la confirmó el actual concejal del área, Miguel Ángel Pavón, tras la primera rueda de prensa conjunta de Compromís, PSOE-PSPV y Guanyar Alacant, celebrada este lunes.

No son las únicas medidas para restaurar aquello que el nuevo gobierno considera debe ser la normalidad democrática en un ayuntamiento que se sumió en mezquindades sectarias propiciadas por una alcaldesa atrincherada en el rencor de su despacho. La sala de prensa municipal queda a partir de ahora a disposición de la oposición y colectivos ciudadanos, hecho prohibido hasta este lunes. También se hará por establecer el servicio wifi en ese área y resto de dependencias, lo más apropiado para una ciudad inscrita en la red de ciudades inteligentes.

El Ayuntamiento acatará también la sentencia judicial que considera ilegal a la que se denominó ‘ley mordaza’ de Castedo. Amparándose en la Ley de Protección de Datos, la alcaldesa decretó en febrero de 2014 un cerrojazo informativo que impedía consultar los expedientes en trámite a la oposición y medios de comunicación. Toda consulta debía ser motivada en una administración de la que el Síndic de Comptes ya criticó sus métodos de contratación.

Estos son los primeros pasos de un gobierno que se muestra muy cauteloso a la espera de conocer el estado real de las arcas municipales, con una supuesta deuda de casi 140 millones. En la primera reunión del tripartito ya en funciones, además del reparto de áreas y funciones se ha encargado un informe judicial para establecer si es viable rescatar como pretendía Guanyar Alacant la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales, actualmente en poder de Ortiz y cuya adjudicación caduca esta semana.

En la mente del PSOE está la idea de volver a reactivar el vivero municipal, “muerto de la risa” según los socialistas, y rebajar la factura de 400.000 euros anuales que se gasta la ciudad en plantas en viveros privados.