El indulto a la cruz franquista del Castro de Vigo llega al Constitucional
La Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 presenta recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, favorable al interés de Caballero
La Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del TSXG que revoca una resolución anterior y permite al Ayuntamiento mantener en O Castro una cruz (considerada "símbolo franquista" por esta asociación). Este colectivo ha optado por quemar todos los cartuchos y "llegar hasta el final de la vía judicial", para lo que ha tenido que llevar a cabo una campaña de captación de fondos, que le permitiese reunir los recursos necesarios y formalizar el recurso ante el TC.
Así, pretenden que se invalide una sentencia del TSXG, de enero de este año, en la que el alto tribunal gallego da la razón al Ayuntamiento de Vigo en su recurso de apelación contra una resolución de un juzgado de la ciudad, que ordenaba retirar la cruz de O Castro, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
En esa sentencia, el TSXG señala que ese monumento ya no tiene el significado original de exaltación de los héroes del bando nacional de la Guerra Civil, y que está "desprovista de toda simbología fascista", la misma postura que defiende el gobierno municipal de Abel Caballero.
Según el TSXG, "no puede compartirse que siga teniendo ese componente de exaltación", ya que ha desaparecido su "carga política". "Puede ser contemplada como un elemento religioso, aunque no fuese su significado originario, puesto que es evidente que se trata de una cruz latina", reza la resolución. No obstante, el fallo del TSXG contempla el voto particular de la magistrada Cristina María Paz Eiroa, que defiende la sentencia emitida por el juzgado contencioso-administrativo de Vigo. Así, señala que esa resolución fue "clara, precisa y motivada".
Según esta magistrada, la ley indica que las administraciones públicas "tomarán las medidas precisas" para la retirada de placas, monumentos u otros símbolos conmemorativos de la Guerra Civil, la victoria franquista o la dictadura, por lo que entiende, "como entendió el juez (de Vigo)" que "la cruz ha de ser retirada" en arreglo a la Ley de Memoria Histórica de 2007.
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