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OPINIÓN

El bien común

El diálogo está en la base del procedimiento democrático y es un instrumento no despreciable, pero el gobernante ha de hacerse últimamente responsable de las decisiones que toma

La idea de que hay que construir un bien común con la colaboración de todos es, si no me equivoco, uno de los ejes que articulan el programa de la formación ganadora Barcelona en Comú. Es curioso que sea la nueva izquierda la que recupere un concepto que, hasta hace poco, hubiera sido desechado por anacrónico e incluso totalitario por cualquiera que se reclamara de una tradición cercana al marxismo. No lo critico, sino todo lo contrario. Pienso que una democracia no puede avanzar si no se plantea cuáles son los bienes que hay que preservar o promover porque benefician al conjunto de la sociedad. Una democracia sin bien común es una democracia sin rumbo, a la deriva de lo que vayan decidiendo las mayorías de turno. Una sociedad es un agregado de individuos con intereses privados, pero no atomizados. Para que haya sociedad, los intereses privados deben ser compatibles con unos intereses comunes, es decir, con una determinada concepción de la justicia. Eso es el bien común.

El precedente más conocido de la idea de bien común es la “voluntad general” de Rousseau, quien aclaró que la voluntad general no es la suma de las voluntades particulares, sino una voluntad que debe imponerse porque refleja el interés general. El liderazgo político consiste en saber determinar y recoger ese interés general, y procurar seducir a las voluntades individuales para que acaben aceptándolo como el bien de todos. ¿Una pretensión totalitaria? En el caso de Rousseau, no niego que tuviera rasgos jacobinos, pero no tiene que ser así en las democracias contemporáneas. No lo es en el espíritu de Barcelona en Comú, que postula el diálogo como previo a cualquier decisión importante.

El diálogo está en la base del procedimiento democrático y es un instrumento no despreciable, pero el gobernante ha de hacerse últimamente responsable de las decisiones que toma. Está bien que pregunte a la ciudadanía, aunque lo que determina las diferencias entre unas formaciones políticas y otras es precisamente a qué noción de bien común quiere dar prioridad cada una de ellas. Para una formación neoliberal, el bien común es el de los económicamente más poderosos; para una formación xenófoba, el interés general apunta al rechazo de los inmigrantes; para la socialdemocracia, el bien común es el de los parados, los que se quedan sin vivienda, los que malviven con subvenciones míseras. El bien común que propone la formación de Ada Colau pone el foco en la redistribución y no en el crecimiento. No puede renunciar a esas prioridades por concesiones tácticas que hagan más fácil el pacto.

El bien común que propone la formación de Ada Colau pone el foco en la redistribución y no en el crecimiento

Hasta las últimas elecciones, el bien común de Cataluña llevaba el nombre de independentismo. Es el objetivo hacia el que los partidos hegemónicos catalanes han dirigido sus políticas. El registro ha cambiado. Sean o no independentistas quienes van a liderar la política municipal barcelonesa, el bien común que hasta ahora han puesto por delante no es la independencia sino una mayor equidad en las políticas redistributivas. No descartan el derecho a decidir, siempre que el complemento del mismo no sea sólo la autodeterminación. ¿Son compatibles ambas cosas, la opción independentista y la de una mayor justicia social? Seguramente sí. Pero sólo si las políticas sociales son vistas como algo que debe ser intentado por sí mismo, sin la excusa de que es preciso el trampolín de la independencia para ponerse a actuar. El libro de Jordi Amat, El llarg procés, explica bien las dificultades que siempre ha tenido el nacionalismo catalán para conjugarse con una política auténticamente social.

Sostener esa idea y no subrogarla a otros proyectos es fundamental para que la nueva formación política mantenga la confianza y la credibilidad que le ha dado la victoria. Puesto que la victoria no ha sido aplastante y necesita apoyos, será imprescindible que las fuerzas que pacten con ella, si quieren preservar su imagen progresista, actúen también con vistas al bien común y aparquen los intereses partidistas. La autodenominada “nueva política” se caracteriza por el propósito de ser más decente, abusar menos del poder y poner en primer término el interés de los más débiles y castigados por la crisis económica. Los pactos que la apoyen no pueden minusvalorar ni prostituir ese componente ideológico. De que actúen con coherencia depende que la expectación que la nueva geografía de partidos ha generado se mantenga por lo menos hasta las próximas elecciones.

Victoria Camps es profesora emérita de la UAB