Una herencia complicada, pero poco

Los consejeros de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y de Educación, María José Català, han defendido hoy, de manera preventiva, su gestión en el Consell y han criticado las negociaciones que mantienen socialistas, Compromís y Podemos para conformar un nuevo Gobierno. Ambos dejan una compleja herencia al Ejecutivo entrante. Moragues traspasará una deuda acumulada de más de 38.000 millones de euros y un sistema que deja a la Comunidad Valenciana con una insuficiencia financiera crónica, que no permite cubrir las políticas en sanidad, educación y bienestar social. Català una educación pública con altos niveles de fracaso escolar y una red de centros en retroceso frente a la educación privada y concertada con la implantación de la nueva ley educativa a medio camino.

A pesar de esa situación, Moragues ha asegurado hoy, tras la reunión semanal del Consell, que "la situación financiera que se encontrará el Gobierno entrante es de comodidad". "Hemos querido demostrarlo con datos y cifras", ha indicado. El responsable de las finanzas de la Generalitat ha reconocido que deja una deuda acumulada de más de 37.500 millones de euros y el problema de la financiación por resolver, pero no ha dudado en señalar que "ahora hay crédito presupuestario para todo". Ante el temor a que arrecien las críticas por la herencia recibida, el consejero de Hacienda ha insistido varias veces en que deja una "situación de estabilidad financiera" y que el "próximo Gobierno contará con los recursos necesarios para atender las políticas públicas".

Moragues ha defendido la gestión realizada ante el Ministerio de Hacienda, que ha permitido reducir la carga financiera de los préstamos otorgados a la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica y los planes extraordinarios de pago a proveedores.

Más crítica ha sido la titular de Educación, María José Català que ha acusado a los partidos de izquierda de tener una "tendencia a ideologizar la educación". La consejera ha sido una de las más diligentes a la hora de aplicar la nueva ley de Educación, impulsada por el ministro Wert, que la mayoría del resto de partidos ya ha anunciado que derogará si llegan al Gobierno tras las generales.

Català ha defendido su decisión de ordenar el inicio del próximo curso escolar con fecha 3 de septiembre sin consultar a los partidos que, presumiblemente, tendrán la responsabilidad de gobernar la Generalitat a partir del próximo mes de julio. Y tampoco ha asumido ninguna responsabilidad por el fallo del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado el acuerdo de 2013 para cambiar el sistema de baremación de los interinos en educación.