Un 4,5% de los mayores sufren riesgo de maltrato involuntario

Un estudio de la Universidad de Deusto revela que el 1,85% requeriría una intervención "urgente" porque la situación es de "daño real"

Lide Amilibia, el consejero Ángel Toña y Marije Goikoetxea, durante la presentación de un estudio de la Universidad de Deusto.
Lide Amilibia, el consejero Ángel Toña y Marije Goikoetxea, durante la presentación de un estudio de la Universidad de Deusto.JAVIER HERNÁNDEZ

Un 4,5% de las personas mayores de Euskadi que los profesionales atienden en el ámbito asistencial, sea de servicios sociales, atención domiciliaria, servicios sanitarios, o de urgencias, "tienen riesgos graves de daños que requieren intervenciones importantes porque realmente están en una situación de daño físico, de angustia vital importante que debe ser atendida", según ha explicado la coordinadora de la Universidad de Deusto del estudio de prevención y riesgo de maltrato encargado por el Gobierno vasco, Marije Goikoetxea.

En una rueda de prensa en San Sebastián, en la que ha acompañado al consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, y a la directora de Servicios Sociales, Lide Amilibia, Goikoetxea ha precisado que el procedimiento desarrollado por el Ejecutivo autonómico "no pretende ir a buscar causantes de malos tratos, sino personas mayores que sus necesidades básicas están sin atender de manera grave, algunas quizá porque viven solas, otras quizá porque tienen cuidadores sobrecargados".

Por su parte, el consejero ha avanzado que el próximo año, tanto los servicios de atención primaria social y sanitaria, como los servicios de urgencias hospitalarias y sociales, podrán incorporar a su labor diaria un nuevo procedimiento para la detección y prevención de malos tratos físicos y económicos a las personas mayores de 65 años.

Toña ha detallado que el método para detectar y prevenir situaciones de maltrato físico y económico en las personas mayores es un instrumento diseñado para personas mayores de 65 años, con especial incidencia, "por considerarse más vulnerables según todos los estudios", en mujeres mayores de 80 años.

El procedimiento persigue dos objetivos como son la observación de posibles casos de maltrato y la propuesta de intervención en caso de confirmarse. Para ello, una primera fase del trabajo desarrollado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales consistió en la elaboración de un documento que posibilitara la detección de riesgos de maltrato.

Este documento se centra en el análisis de acciones u omisiones que pueden generar daño físico (utilización de la fuerza física, violencia u omisión en el cuidado y atención de las necesidades básicas llevadas a cabo por otras personas) o económico (mal uso, apropiación indebida o explotación de los recursos económicos o materiales de la persona mayor).

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Una segunda fase, la del pilotaje del mecanismo de prevención, se encargó a expertos de la Universidad de Deusto, quienes han realizado su trabajo en colaboración con un equipo de profesionales del ámbito social (unidades de valoración de la Diputación Foral de Bizkaia), sanitario (Servicio de Urgencias del hospital de Cruces), judicial y financiero (KutxaBank), además de profesionales de los servicios sociales de base de Bilbao, Hondarribia y Zuia.

Estas tres localidades vascas fueron protagonistas de esta experiencia piloto que se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2014 con la participación de 649 personas mayores de 65 años, usuarias habituales de los respectivos servicios sociales. Este proceso de pilotaje culminó con la detección de alertas graves para su actuación sociosanitaria urgente en 27 de los 649 casos estudiados inicialmente.

Este porcentaje de alertas equivale al 4,5% de la muestra, pero otro 16,18% se consideró que estaba en riesgo de sufrir a medio plazo una situación de maltrato.

En opinión del consejero de Políticas Sociales, "la mayor parte del maltrato que se ejerce sobre las personas mayores no tiene una base intencionada, pero esa circunstancia no lo justifica, aunque sí condiciona el tipo de intervención a realizar sobre la persona mayor y su entorno".

El estudio pilotado por la Universidad de Deusto valoró primeramente la presencia de algún factor de riesgo de maltrato, que se halló en 596 de las 649 personas estudiadas, de las cuales 390 eran de Bilbao (64%), 103 de Hondarribia, y otro tanto de Zuia. El 57,2% fue atendido en un Centro de Salud, el 14,1% en los Servicios Sociales Municipales, el 20% en los servicios de Atención Domiciliaria, el 7% en los Equipos de Valoración de la Dependencia, el 1,2% en Urgencias de Basurto, y el 0,5% en las oficinas de KutxaBank.

Tras la valoración por parte de los especialistas, se seleccionó a un grupo de 96 personas que presentaba al menos dos de los factores de riesgo (signos de dependencia física y emocional respecto al cuidador, deterioro cognitivo unido a trastorno de conducta, aislamiento, soledad grave y debilidad de la red social, o existencia de limitaciones personales para su cuidado). Todas ellas estaban en situación de riesgo de sufrir a medio plazo malos tratos.

Una segunda fase de la investigación se centró en 138 personas (85 provenientes de la primera fase y 53 de las urgencias sanitarias o sociales), a las que se les valoró la posesión o no de indicadores de malos tratos (generales, físicos, económicos y sociales). Finalmente, en 27 casos se detectó algún indicador de alerta de malos tratos.

Entre estas alertas destaca el seguimiento deficiente de las pautas médicas y farmacológicas, la falta de condiciones de habitabilidad en la vivienda (seguridad, suciedad, barreras), la infra o sobremedicación por mal seguimiento de la pauta prescrita, el miedo a verbalizar una queja ante la presencia de las personas cuidadores, o el abandono en la atención a las necesidades básicas.

"Este pilotaje ha servido para validar el mecanismo y demostrar que es válido para detectar y prevenir posibles casos de maltrato a personas mayores", ha asegurado Toña, quien ha avanzado que desde junio hasta diciembre se empezará la formación de los diferentes profesionales.

En una primera fase se creará un equipo coordinador, y seguidamente se pasará a formar a los profesionales del ámbito social y sanitario para que puedan realizar esta labor ya el próximo año en seis comarcas a determinar.

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