Un testigo confirma el rifle para el ex delegado del Gobierno de Valencia

El dueño de una armería de Sagunto ha confirmado ante el juez en calidad de testigo que desde la empresa contratista de la Generalitat valenciana Avialsa le encargaron un rifle de caza para el ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín Castellano, destituido el 29 de mayo tras ser detenido por supuesta corrupción.

El armero respalda así lo denunciado hace dos años ante la Fiscalía Anticorrupción por Francisco Alandí, exgerente de Avialsa. El relato de Alandí sobre presuntos favores a esta empresa por parte del ex delegado del Gobierno en su etapa de consejero de la Generalitat a cambio de regalos está en la base de la investigación que se saldó el viernes pasado con la detención de nueve personas y el registro de una decena de inmuebles.

El testigo ha declarado que el rifle lo eligieron el exgerente Alandí y Emilio Máñez, exconcejal popular de Quartell, un pequeño pueblo del interior de Valencia, que también fue detenido. Y que le dieron documentación para registrar el arma a nombre de Castellano. Desde la empresa contratista le pidieron además, según la declaración del testigo, una factura modificada.

El dueño de la armería se lo ha contado al nuevo responsable de la investigación judicial, que ha cambiado de manos. El asunto, tras ser turnado entre los juzgados de Sagunto, ha recaído en el titular del juzgado de Instrucción número 2 del municipio. La operación policial del 29 de mayo fue dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto porque se encontraba de guardia cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó autorización para proceder a las detenciones y a los registros. Una vía con la que el ministerio público trató de evitar posibles filtraciones.

Los agentes que han desarrollado la investigación en secreto durante los últimos meses, miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía provenían de Madrid por el mismo motivo. Castellano era hasta el viernes la máxima autoridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la Comunidad Valenciana.

Al ex delegado del Gobierno se le atribuyen los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. A algunos de los otros nueve imputados en la causa se les imputan también blanqueo de capitales y fraude fiscal. Entre los acusados se encuentra Vicente Huerta, dueño de la empresa que supuestamente hizo los obsequios a Castellano, y que recibió contratos por importe de 33 millones de euros en la etapa en que el ex delegado del Gobierno dirigió la Consejería de Gobernación, entre 2007 y 2014.