Difícil de entender

La Justicia se hace difícil de entender. Y eso no es bueno. Si una persona es considerada inocente por quien previamente le ha acusado parece evidente a ras de acera que no puede ser encarcelada. En Bilbao, está a punto de ocurrir semejante injusticia. Iñaki González, un controvertido asesor fiscal, va a ingresar en prisión para cumplir una pena porque el sistema judicial hace oídos sordos a la sincera declaración del abogado acusador que le considera claramente inocente.

Es difícil de sostener tamaña paradoja que castiga la libertad individual con la dura pena de la cárcel porque ni siquiera contempla el beneficio de la duda. Iñaki González ingresará en su celda con el convencimiento de que es inocente, como mantienen por norma la mayoría de los acusados. Pero en su caso cuenta con la confesión voluntaria de quien maniobró con acierto ante la sala y que le considera exonerado de toda culpabilidad.

¿Hasta qué punto queda en ridículo el juez del caso? ¿Fue incapaz de percatarse de las arteras maniobras de la acusación? ¿Nadie se atreve a admitir una revisión de caso más allá de las disposiciones ordinarias? ¿Por qué no se ha tomado declaración al abogado que reconoce meses después del fallo la inocencia del condenado? ¿No es una cuestión de alarma social encarcelar a una persona que su acusado le considera inocente?

Bien es cierto que González no ha tenido suerte en las coordenadas temporales de su condena. En medio de folclóricas peticiones de indulto -Ortega Cano, por ejemplo-, atenazado un Gobierno central por las acusaciones de corrupción, es fácilmente comprensible que el Ministerio de Justicia huya de las medidas de gracia como gato escaldado. Así se lavarán las manos y evitarán el mínimo rasguño político, pero no se habrá hecho justicia.

Tiene González el consuelo de su inocencia mediática. Es el reconfortante moral propio de la confesión pública de un abogado que siente la amargura de una condena injusta a la que ha contribuido en el ejercicio estricto de su profesión sin que ni fiscal ni magistrado advirtiera -¿o sí?- de su malévola estrategia. No obstante, deberá franquear la puerta de la prisión donde le espera la privación de libertad.

¿Es verdad lo que dice el abogado acusador? ¿Y si mintiera, podría actuar de oficio el Colegio de Abogados de Bizkaia ante semejante patraña? ¿Acaso incomoda en exceso el condenado y es preferible mirar hacia otro lado? ¿Es posible que ninguna estructura judicial se sienta aludida por una confesión tan reveladora como atípica e inusual? No es recomendable para la salud democrática de un Estado que la Justicia deje tantas preguntas sin resolver.