Rita Barberá deja Feria Valencia con una deuda de 500 millones
La privatización de la institución peligra tras la victoria de los partidos de izquierda, reconoce el jefe de la patronal
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dirigido este jueves la que con alta probabilidad ha sido su última reunión como presidenta del consejo de Administración de Feria Valencia, de la que se despide con dos millones de pérdidas en 2014 y una deuda que supera los 500 millones de euros. Barberá ha comentado la actualidad política y de su partido antes de entrar a la reunión, pero a la salida se ha marchado sin hacer declaraciones. La feria se encuentra, por otra parte, sometida al escrutinio de la Fiscalía Anticorrupción ante posibles irregularidades en los sobrecostes de su construcción.
El máximo responsable ejecutivo de Feria Valencia, José Vicente González, que es también presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), la patronal autonómica, ha reconocido que el resultado electoral del pasado domingo pone en peligro el proceso de privatización acordado por los empresarios, el Ayuntamiento y la Generalitat en los últimos meses. "No sabemos qué es lo que va a pasar", ha admitido.
El presidente de Cierval ha señalado que los empresarios consideran que el gran complejo ferial, en buena parte vacío a lo largo del año, requiere un "operador" externo "que dé volumen de negocio a esta feria porque la casa la tenemos grande, ahora hay que llenarla de cuadros y muebles, y para eso necesitamos ayuda".
González se ha mostrado confiado, sin embargo, en que los nuevos Gobiernos municipal y autonómico acepten concluir la primera fase del acuerdo, que preveía el reconocimiento del carácter público de Feria Valencia. Una condición sobre la que ya advirtió el Tribunal Superior de Justicia valenciano y el Síndic de Comptes, pero que ni la Generalitat ni el Consistorio habían reconocido hasta ahora.
El presidente de Cierval ha considerado que la mayor apuesta "por lo público" de las mayorías salidas de las urnas garantizan en principio la ejecución de esa primera fase del acuerdo. Sobre la segunda, que preveía privatizar la gestión del recinto mientras el edificio y la deuda continuaban siendo de titularidad pública, ha admitido que existen muchas dudas.
González ha atribuido los dos millones de pérdidas al retraso a la puesta en marcha del expediente de regulación de empleo aplicado el año pasado y a la externalización del servicio de mantenimiento. Por lo demás, las cuentas han alcanzado el objetivo de equilibrio, ha asegurado.
Sobre la convocatoria de elecciones en Cierval, que podrían tener lugar en julio, y sus intenciones al respecto, González no se ha pronunciado, aunque ha afirmado que lo comunicará "dentro de poco tiempo".
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