Feijóo aumenta las ayudas a los partidos de cara a las autonómicas

Con una investigación abierta por la confesión de un extesorero del PP de Ourense sobre la supuesta caja B que manejó durante años, Galicia será la primera comunidad autónoma que cuente con una ley propia de financiación de partidos. La norma, que ha sido admitida a trámite este martes en el Parlamento gallego con los únicos votos de los populares, regula las subvenciones que percibirán estos partidos a partir de 2016, año electoral, con dos cambios importantes para las arcas de los candidatos a la presidencia de la Xunta: elimina los recortes que impuso la crisis en las subvenciones de los gastos de campaña, aumenta el mínimo que reciben las fuerzas políticas por este concepto y regula una nueva línea de ayudas al funcionamiento de estas formaciones que se financiará con fondos del presupuesto autonómico. El PP de Alberto Núñez Feijóo defiende que el texto servirá para prevenir la corrupción porque limita las donaciones privadas que pueden recibir los partidos y las asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos. Para la oposición, la ley es “un capítulo más de la operación de lifting” de la Xunta ante los escándalos de corrupción y solo servirá para que los populares “estén mejor financiados”.

La ley gallega de financiación de partidos fue una de las medidas que puso en marcha Feijóo tras tres años de continuos sobresaltos por sumarios de corrupción y con el gobierno local del PP en Santiago derribado ya a base de imputaciones judiciales. El presidente la anunció a los cuatro vientos esgrimiendo el propósito de prohibir las donaciones a partidos por parte de empresas, una de las claves según él para prevenir los escándalos. Sin embargo, pronto se supo que el veto ya había sido anunciado por el Gobierno de Rajoy a través de una norma estatal ahora aprobada y que ni siquiera la comunidad tiene competencias para imponer tal restricción.

Por eso los principales efectos que tendrá la ley gallega de financiación de partidos se limitan al incremento de las subvenciones a los partidos y a las nuevas funciones de control que se le encomiendan al Consello de Contas, el órgano fiscalizador autonómico para el que la Xunta no prevé, sin embargo, más medios. En lo relativo a la campaña de las autonómicas, el Gobierno de Feijóo ha suprimido el recorte de un 20% en las ayudas que aplicó en la cita electoral de 2012 apelando a la austeridad. Así, los partidos recibirán 20.889 euros por cada escaño que obtengan (lo que supone un incremento de más de un 7% con respecto a 2009), 77 céntimos de euro por cada voto que reciban (72 cobraban en 2009) y 22 céntimos por cada uno de los miles de envíos de propaganda por correo que hagan a los electores (20 en 2009). La memoria económica de la ley calcula que los partidos que obtengan representación en el Parlamento gallego en 2016 se repartirán más de 4,5 millones de euros.

La norma permite a la Xunta reservar una partida para subvencionar los gastos de funcionamiento de las formaciones que obtengan algún escaño en la Cámara. El 50% de este dinero se distribuirá entre los partidos según los escaños conseguidos y la otra mitad, en función de los votos. Aunque fuentes del PP aseguran que esta nueva línea de ayudas no sustituirá al dinero que reciben del Parlamento los grupos parlamentarios, en el PSOE temen que así sea y denuncian que los criterios de reparto que introduce la ley supondrán para las arcas populares un 18% más de fondos que en la actualidad.

El portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, ha defendido esta mañana en la Cámara gallega que se trata de una “ley valiente” que impone un “control exhaustivo” a los partidos y que establece un modelo de “financiación mixta”, con aportaciones tanto públicas como privadas, pero “con muchas restricciones a las donaciones”. El PSdeG-PSOE, por el contrario, le ha dado la espalda a la norma porque “puede abrir conflictos jurisdiccionales” con el Gobierno central y es más una “iniciativa de carácter burocrático” que una “actuación firme” para evitar la corrupción. “Parece que ante las dificultades para mantener una financiación opaca”, el PP “intenta incrementar el de las finanzas públicas”, ha afirmado el socialista José Luis Méndez Romeu. Yolanda Díaz, representante de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), la coalición del partido nacionalista de Xosé Manuel Beiras e Izquierda Unida, sostiene que la norma no pone coto a la “ingeniería financiera” de quienes “mandan sin presentarse a las elecciones” a través de “la financiación de los partidos”. “No podrá donar ACS ni OHL pero sí Florentino Pérez y Villar Mir”, ha alertado Francisco Jorquera, del BNG.