Un excargo público acepta diez meses de cárcel por estafar al ICS

José Ignacio Cuervo logra una rebaja de la pena tras devolver 47.000 euros

José Ignacio Cuervo, en la toma de posesión como delegado de la Generalitat en Madrid.
José Ignacio Cuervo, en la toma de posesión como delegado de la Generalitat en Madrid.

El excargo público José Ignacio Cuervo ha aceptado esta mañana una condena de diez meses de cárcel por haber estafado al Instituto Catalán de la Salud (ICS). Cuervo, que fue delegado de la Generalitat en Madrid, ha admitido los hechos que le atribuía la Fiscalía y ha evitado, así, enfrentarse a un largo juicio con jurado popular. El otro acusado por la misma estafa -el exgerente del hospital de Sant Pau Jordi Varela- ha aceptado la pena de nueve meses de prisión, que podrá sustituir con el pago de una multa de 10.800 euros.

Cuervo es médico de profesión y, tras abandonar su cargo en la Generalitat en 2010, regresó al Instituto Catalán de la Salud, que lo cedió al hospital de Sant Pau para poner en marcha un campus de excelencia y dos institutos de investigación. Para no perder el nivel de ingresos del que había gozado en la esfera pública, Cuervo pactó con Varela un sistema de pagos “ilícito”, según el escrito de acusación de la Fiscalía que ahora han admitido los dos implicados. El resultado de ese pacto fue que Cuervo acabó cobrando de las dos entidades (el ICS y el Sant Pau) “simultáneamente” y por los mismos trabajos.

La Fiscalía pedía inicialmente tres años de cárcel para Cuervo por estafa y otros dos para Varela como “cooperador necesario” en ese delito. La cantidad que Cuervo cobró ilícitamente asciende a 47.000 euros. Hace dos semanas, como avanzó EL PAÍS, el excargo público consignó en el juzgado esa cantidad para afrontar la responsabilidad civil en caso de condena.

El juicio con jurado popular debía empezar esta misma mañana en la Audiencia de Barcelona. Las diferentes partes del proceso -Fiscalía, defensa, acusación popular- han alcanzado, sin embargo, un pacto que evitará la vista oral. A cambio de admitir los hechos, Cuervo ha logrado una rebaja importante de la pena de prisión. Como devolvió el dinero estafado, la Fiscalía ha podido aplicarle la atenuante muy cualificada de reparación del daño. El acuerdo entre las partes también implica una pena de inhabilitación de diez meses para cada uno de los acusados.

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Vicente López Mourelo, el abogado de la acusación popular -que ejerce la Asociación Profesional de la Enfermería- se ha mostrado esta mañana “satisfecho” con el pacto, que implica reconocer el perjuicio causado al ICS.

Los pagos a Cuervo son el único episodio que, por ahora, ha llegado a juicio del caso Sant Pau. El juez de instrucción archivó la causa sobre los sobresueldos a directivos del centro y el sobrecoste en las obras del nuevo hospital. Sigue investigando, sin embargo, si las donaciones de cientos de particulares al Sant Pau se destinaron a asistencia sanitaria o se desviaron para otros fines.

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