Hacienda investigará la filtración de la declaración de la renta de Aguirre

La filtración de la declaración de la renta de 2013 de Esperanza Aguirre a un medio de comunicación ha convulsionado el final de la campaña. La candidata del PP a la alcaldía de Madrid considera que estos hechos suponen “un atentado a la seguridad jurídica española”, mientras que Hacienda sostiene, según sus primeras investigaciones, que los datos no han partido de la Agencia Tributaria. Tanto PSOE como Ciudadanos condenan la filtración. Podemos, no. El sindicato de técnicos de Hacienda aplaude las pesquisas ministeriales, pero reclama que se haga en todos los casos que se han producido últimamente.

Esperanza Aguirre presentó esta mañana una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la filtración de su declaración de la renta a la web Infolibre.La aspirante explicó que “se trata de datos personales” y reclamó conocer cómo habían podido hacerse públicos. La Agencia Tributaria, por su parte, anunció horas después que iba a abrir una investigación.

Pero el Ministerio de Hacienda cree que la filtración no ha partido de la Agencia, sino que su origen “es otro”, aunque no lo detalla. La institución encargada de recaudar los impuestos cuenta con un departamento de Asuntos Internos que abre expedientes en este tipo de casos. Se expurga la lista de autorizaciones para acceder a un determinado expediente y se revisan las conversaciones telefónicas mantenidas a través de dispositivos oficiales. Además, se comprueba el registro de acceso a los datos tributarios.

Estas mismas fuentes enfatizan que la filtración “es diferente” de la que afectó al exministro Rodrigo Rato (se desvelaron propiedades, empresas y cuentas bancarias en España y en el extranjero) o al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero (cobró por trabajos profesionales). En esos casos, procedía de “fuentes externas”, dice Hacienda.

Aguirre denuncia en la Fiscalía la filtración de su declaración de la renta

Aguirre denunció que se ha infringido el artículo 197 del Código Penal por un “delito de descubrimiento y revelación de secretos” y pidió que la Agencia Tributaria determine quién y en qué momento se accedió al historial fiscal. De esta manera, se “garantiza que no se produzcan conductas como las descritas” con otros contribuyentes y, por tanto, no se quebrante “la seguridad jurídica del ciudadano”.

Infolibre indica que la aspirante, que nunca ha hecho pública su declaración de la renta, ganó en 2013 un total de 374.000 euros.

Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE al Ayuntamiento, condenó que se hayan desvelado los datos fiscales, pero se preguntó por qué acudió a denunciar a la fiscalía y no al juzgado, “que es donde corresponde”. En un debate celebrado el lunes, Carmona enseñó a las cámaras su declaración y pidió sin éxito a la aspirante del PP que hiciese lo mismo.

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, mostró también su apoyo a la candidata del PP “Es un documento que, como todo el mundo, incluida Aguirre, está amparado por la Ley de Protección de Datos para que no se difunda. Si ella no lo quiere hacer, es cosa suya”, informa Francisco J. Barroso.

Por su parte, el candidato de Podemos a la Comunidad, José Manuel López, sostuvo: “Lo que ha pasado con Esperanza Aguirre ya ha ocurrido en otras ocasiones y, cuando no le afectó al PP, no les pareció mal. Ahora, que les afecta a ellos, no les hace tanta gracia. Esto demuestra que Aguirre ha utilizado su cargo para beneficio personal y esto no es un caso aislado en el Partido Popular. Forma parte de un sistema corrupto y de un modelo agotado que es necesario cambiar ya”.

Carlos Cruzado, presidente de Gestha, sindicato de técnicos de Hacienda, manifestó: “Nos alegramos de que hayan abierto una investigación, pero lo deberían hacer con todas las filtraciones que se han producido en los últimos meses”. Cruzado admite que “no está tan claro que [la filtración] haya salido de la Agencia Tributaria”.

Rocío Gamo, presidenta de los inspectores de Hacienda del Estado (IHE), insiste en que hay “un riguroso control de acceso a los datos tributarios y su incumplimiento tiene un régimen sancionador severo”.