Nuevo método

Con la llegada a la política de nuevas personas y nuevos partidos creía, ingenuamente, que las campañas electorales se basarían en hacer propuestas, en explicar a la ciudadanía cuáles son las ideas que cada candidatura quiere desarrollar en los próximos cuatro años, tanto en el ámbito municipal como autonómico. Hasta ahora el resultado ha sido desesperanzador. Han predominado los insultos, las descalificaciones, los paseos con o sin bicicleta, los besos y abrazos, y han faltado los modelos de ciudad o de región. Ante la falta de ideas, yo les voy a avanzar una propuesta que tendría que estar en estos momentos sobre la mesa, sobretodo allí donde se celebran elecciones autonómicas: el nuevo sistema de financiación.

Soy consciente de que en Catalunya este no es el caso, pero vendría muy bien comenzar a hablar sobre el modelo de financiación para que el tema de la independencia no nos deje sin alternativas viables. Cabe la posibilidad de que en las diferentes comunidades autónomas donde hay elecciones no se hable de cómo tendría que ser el nuevo sistema de financiación, que debería aplicarse en 2015, porque ya les va bien el actual. De hecho este fue el argumento principal del Gobierno central cuando se negoció el del 2009. Como han pasado muchas cosas durante estos últimos años y parece que en las elecciones generales va a haber cambios significativos, sería conveniente volver a hacer una propuesta fiscal federal para un estado federal.

Aprovechamos el viento a favor del incremento recaudatorio previsto, (si el PP no lo estropea con más rebajas fiscales) que no tuvimos en el 2009, cuando este se desplomó debido a la desfiscalización de la década anterior y el fin de la burbuja inmobiliaria. Avanzamos mucho hacía el federalismo fiscal en la propuesta del 2009 y, de hecho, lo que ha provocado la insatisfacción del modelo han sido, según la doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona Maite Vilalta, “los fallos de los mecanismos institucionales que han de hacer funcionar el sistema”. O sea la voluntad política del Gobierno.

¿Cómo podría ser un nuevo modelo que no generara animadversión y permitiera corregir errores de los anterirores, incluida la interpretación del vigente? En primer lugar, debe garantizar a todas las comunidades autónomas que van a mantener sus ingresos actuales y que el Gobierno central no aumentará la aportación al fondo común. Podría haber dos excepciones de justicia: recalcular la aportación de las dos comunidades forales a la solidaridad interterritorial, francamente por debajo de lo que parece razonable, y solucionar la aberración de la Comunidad Valenciana donde, por muy corruptos que sean sus dirigentes, sus habitantes no merecen ser la única comunidad que está por debajo de la media nacional en renta per capita y recibe al mismo tiempo menor financiación que la media.

El nuevo sistema debe garantizar a todas las comunidades autónomas que van a mantener sus ingresos actuales y que el Gobierno central no aumentará la aportación al fondo común

En segundo lugar, las comunidades recaudan todos los impuestos posibles y después dan al Estado la parte que corresponda por los servicios que la Administración central presta en la comunidad y aportan la contribución (positiva o negativa) a la solidaridad interterritorial. Estas aportaciones deberán ser equivalentes a las que se hayan hecho el último año o a la media de los últimos años y se actualizarán según el IPC. De esta manera, todo lo que las diferentes comunidades obtengan por desarrollar una política económica más activa, más social, con impuestos más progresivos y ambientales se quedará en la propia comunidad

El sistema vigente es perverso. Con la distribución actual de los ingresos fiscales, a las comunidades les interesa recortar porque el efecto negativo sobre los ingresos se repercute muy mayoritariamente —en un 80 %— sobre el Estado y la Seguridad Social, mientras que, a la inversa, estos últimos se benefician de la mayor parte de las políticas expansivas autonómicas.

Finalmente, si el Gobierno central impone un gasto más, una competencia más o una rebaja fiscal, debe descontarse de la aportación a los servicios comunes. Así evitaríamos que el modelo esté controlado por el Ministro de Hacienda de turno, que, con el actual titular, Cristóbal Montoro, se ha convertido en una especie de chantajista fiscal de personas e instituciones. Y ya no ocurriría que cuando el Gobierno central decide una política de recortes, estos caigan fundamentalmente sobre las espaldas de los ciudadanos. Si una comunidad desarrolla una política expansiva que incremente la recaudación, la ganancia marginal también se quedaría allí donde se hace el esfuerzo.

]Joan Boada Masoliver es profesor de Historia