Un exdiputado de CiU, fuera del ‘caso Palau’ al prescribir el delito

El exdiputado de Convergència i Unió (CiU) Jaume Camps ha sido exculpado definitivamente por hacer de intermediario, presuntamente, en el pago de comisiones del caso Palau. La Audiencia de Barcelona deja fuera a Camps solo porque el delito que supuestamente cometió (tráfico de influencias) ha prescrito, han confirmado a EL PAÍS fuentes de la investigación. El juez que investiga el expolio del Palau de la Música y el pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ya había archivado la causa contra Camps. El fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, presentó un recurso y ahora, medio año después, la Sección 21ª de la Audiencia ha confirmado la decisión del juez.

Camps es un diputado histórico de CiU que ocupó escaño en el Parlamento catalán hasta 2003, cuando el tripartito de izquierdas puso fin a los 23 años de Jordi Pujol al frente de la Generalitat. También fue miembro del Consejo Consultivo de la Generalitat hasta 2009. Compaginó su actividad política con su trabajo como abogado, que sigue ejerciendo ahora. Su nombre apareció en unas notas manuscritas que, tras el escándalo por el saqueo del Palau, los gestores de la institución musical pusieron en manos del juez. En una de esas anotaciones aparece escrito: “Jaume Camps. Pago 105.000. Ferrovial”. Y, a renglón seguido, la palabra “autopista”.

El juez citó a declarar a Camps como imputado en enero de 2013 al considerar que el exdiputado autonómico era uno de los intermediarios de los pagos que Ferrovial hizo a CDC, presuntamente, hasta 2009. La investigación ha acreditado que la constructora desembolsó 6,6 millones de euros al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último gobierno de Pujol, como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia. Ferrovial camuflaba esas comisiones ilegales como “donaciones” al Palau dirigido (y expoliado) por Fèlix Millet y Jordi Montull.

La decisión de la Audiencia de Barcelona no entra a valorar la conducta de Camps, pero analiza los argumentos de la Fiscalía de su defensa. Los magistrados concluyen que, aun en la hipótesis de que el tráfico de influencias se prolongase hasta 2009 (como defiende el fiscal), el delito habría prescrito. El año pasado, con la instrucción ya finalizada, Anticorrupción llegó a pedir un año y medio de cárcel para el exdiputado. Su defensa recurrió y el juez archivó la causa contra él al entender que los hchos habían prescrito.

Camps sostiene que los pagos del Palau obedecen a la “defensa y representación jurídica” de Fèlix Millet qu e ostentó en el pasado. También era abogado de Ferrovial, afirmó ante el juez, por lo que la relación con ambos fue “única y exclusivamente profesional”.

Con la exculpación de Camps, solo un exresponsable de CDC permanece implicado en el caso Palau: el extesorero Daniel Osácar, acusado de hacer llegar las comisiones al partido a través del Palau de Millet y Montull, que también se llevaban su parte en el negocio. Aunque la decisión ha tardado seis meses en tomarse, permite desencallar la fase final del caso Palau. El juez deberá dictar ahora un nuevo auto que ponga fin a la investigación y la Fiscalía Anticorrupción, redactar de nuevo las penas de prisión que pide para cada uno de los imputados.

El juez también debe decidir si accede a la petición del fiscal de embargar una quincena de sedes de CDC para que el partido haga frente a la responsabilidad civil en caso de condena. Tras anunciar que había vendido su sede central de la calle Còrsega de Barcelona (valorada en más de 12 millones y puesta como garantía ante el juzgado), el partido puso a disposición del juez otras 15 sedes por un valor inferior, de 3,6 millones. El fiscal la consideró insuficiente y pidió el embargo de esos locales.